Los derechos humanos son sus derechos…
…Son lo mejor de nosotros.
Kofi Annan
El Derecho a la ciudad tiende a ser el equilibrio de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Un usufructo de todos en ellos, en la misma proporción. Es un derecho colectivo o derecho social, como hemos venido discutiendo, de los habitantes de las ciudades, que de forma natural pretende conferirles oportunidad de acción y organización basado en el respeto entre las diferencias de cada habitante con el llano objetivo de alcanzar el pleno ejercicio de la libre autorrealización y a un nivel de vida adecuado.
Sin lugar a dudas, el derecho a ciudad se circunscribe a las características generales de los derechos humanos. Universalidad (para todas las personas), indivisibilidad (no puede fraccionarse), integralidad (de igual importancia con respecto a otro derecho), interdependencia (necesaria conjunción con los demás derechos humanos), inalienabilidad (que no se puede intercambiar ni nada por el estilo), progresividad (es la no regresividad en su satisfacción); lo que entonces hace necesario que a partir de estos conceptos, los principios rectores del derecho a la ciudad son: libre autodeterminación; no discriminación; igualdad; equidad de género; equidad social; atención prioritaria a personas y colectivos en situación de discriminación; solidaridad y cooperación entre los pueblos; participación, transparencia y rendición de cuentas; corresponsabilidad y justicia distributiva, es decir, justicia que prioriza las necesidades de los grupos en condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad social.
El asunto acá es observar que de fondo el planteamiento cotidiano es una relación engañosa a la consigna neoliberal de menos estado y más sociedad, debido a que está comprobado que tiende a perder capacidad de convocatoria, en vista de los desastres sociales y económicos que han ocurrido en muchas regiones del mundo. Generando de esta manera, una consigna social nueva que se orienta hacia la incorporación de “más sociedad en el Estado”.
Las variantes originales en un contexto liberal del espacio público resultaron inviables, en particular porque la competencia entre intereses privados organizados asimétricamente en su peso económico y político, invadieron la esfera de lo público.
Este flujo –analizado también por Habermas- determinaba una combinación cambiante de socialización del Estado y estatización de la sociedad, que anuló -o al menos relativizó en alto grado- la separación tradicional entre lo público y lo privado.
En la experiencia mexicana, la combinación crecientemente enraizada y dominante, se caracterizó por una excesiva estatización con amplias limitaciones en dos ramos, en las libertades básicas y en la igualdad de oportunidades, que al final de cuentas determinó que nunca hayamos experimentado un real Estado del Bienestar. Pero además, dada la enorme desigualdad en el país que se expresa no sólo en el terreno socio-económico, sino también en los ámbitos políticos y culturales; lo que se gestó fue una sociedad estamental en donde el éxito de la gobernabilidad autoritaria se sustentó en una eficaz administración de los privilegios diferenciados por categoría social, cuyo propósito fue impedir acciones colectivas articuladas.
De los 21 contratos para renovación de espacios públicos que contrató el Municipio capital por poco más de 630 mil pesos en 2012 (de acuerdo a la relación de contratos publicados vía transparencia), parecen a ciencia y razón de los demás rubros de administración de las finanzas públicas, una situación aún escasa para las necesidades y problemáticas que se viven actualmente, dado el estado de descomposición generalizado a partir de un rotura emergente de la cohesión social entre habitantes.
El derecho a la ciudad es por demás importante debido a que es necesario que se construyan instrumentos, de tal forma que se que sean aparatos abiertos de la sociedad donde su capacidad para dirimir conflictos, procesar acuerdos y traducir demandas en alternativas y proyectos viables, está directamente relacionada con la calidad y amplitud de los nexos que establezca con las instancias públicas encargadas de definir políticas, programas y esquemas de asignación de recursos.
Es decir, no es sólo una carta de buenos deseos, como muchas otras que se debaten en esferas progresistas o académicas. Es el concepto madre de lo que hoy representan tendencias metropolitanas mundiales, que con mayor necesidad cada proyecto de gobierno deberá, desde antes y más ahora, construir instrumentos para que ciudades con estos elementos sean una constante.
El punto de quiebre y primer paso se deberá dar al instrumentar mecanismos de exigibilidad jurídica, así como de exigibilidad política y social para demandar los derechos sociales, como éste. Y además se deberá avanzar con el reconocimiento de este derecho en los instrumentos existentes y en los nuevos que se pudieran generan a partir de éste en términos de justicia. Celebro que ya esté a punto de salir la reglamentación para la Línea Verde como un marco operativo que pueda dar certeza a los años venideros, pero aún quedan muchos temas pendientes en la CEDH y en el Congreso del Estado. Esperando que el debate por la nueva generación de derechos y libertades no termine, el Derecho a Ciudad podría mejorar la forma de vida y desarrollo humano de manera igualitaria a todos los habitantes.
(Este concepto ha sido discutido en varias ocasiones por Enrique Provencio y varios más. Aquí más información: http://www.hic-al.org/eventos.cfm?evento=941&id_categoria=13)
