- Proponen reformas a los artículos 54, 72, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
- Rechaza el Congreso local que los municipios dejen de cobrar el alumbrado público
El Congreso del Estado rechazó que los municipios dejen de cobrar el alumbrado público, mientras el PAN propuso un punto de acuerdo para discutir la constitucionalidad de ese cobro, y el PVEM calificó de “ley perversa” la que hace 27 diferentes clases de diputados y condenó el mal servicio de los autobuses urbanos.
A su vez, Alfredo Reyes Velázquez, diputado del PAN, urgió a la alcaldesa Lorena Martínez Rodríguez a nombrar ya al secretario de Seguridad Pública Municipal, y consideró que es facultad del Ayuntamiento ese trámite, en lugar de ponerlo a consideración de otra instancia de gobierno.
En la sesión ordinaria, Sergio Augusto López Ramírez, legislador del Verde Ecologista, habló de cómo debería funcionar el Congreso del Estado, regido por una ley que no se ha actualizado, en la que no todos los legisladores tienen participación, por ejemplo, para revisar los asuntos de las principales comisiones.
Arturo González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN, fue quien presentó la iniciativa de reformas a los artículos 54, 72, 95 y 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, cuyo dictamen fue aprobado por 22 votos, contra dos y una abstención.
En exposición, “simétricamente” similar a la del Verde Ecologista, López Ramírez dijo: “necesitamos ser mucho más prácticos” y describió que hay lagunas, por ejemplo, en los criterios de desempate; “que todos los diputados tengamos participación en el Comité de Administración, para vigilar el manejo de los recursos”, pidió.
El priísta Arturo Robles, de la Comisión de Vigilancia, propuso rechazar la oposición a que se cobre el alumbrado público en los municipios de Aguascalientes, porque pueda considerarse inconstitucional.
“La Comisión considera que le corresponde a los municipios la facultad de prestar el servicio de alumbrado público y la de cobrar por él”, precisó el legislador al ponderar que si lo dejaran de cobrar los ayuntamientos, éstos tendrían que pagar muchos millones de pesos.
El panista Alfredo Nieto Estébanez pidió que el cobro de los servicios de alumbrado público sea apegado al Estado de Derecho; “lo que ha sido determinado por la Corte es que el cobro se conforma como un impuesto o gravamen a la energía eléctrica. Esto no es competencia de los congresos. Reconocemos que le asiste al Municipio el derecho a cobrar el servicio como una prestación, pero es inconstitucional”. Es una franca violación al Estado de Derecho que se vive actualmente en la mayoría de los municipios: 110 millones de pesos cuesta el alumbrado público, este año serán 90 millones, añadió.
Su correligionario, Alfredo Reyes Velázquez, se opuso a que “se siga violentando el Estado de Derecho”, porque Aguascalientes “entraría al mundo de la opacidad política y al de la opacidad luminaria”.
Los ayuntamientos no están facultados para cobrar el derecho al alumbrado público, dijo el diputado panista e invitó a juristas, “para que juntos [puedan] construir las bases para hacer constitucional el derecho al cobro de la energía eléctrica”.
Arturo Robles quiso aclarar a Reyes Velázquez que el dictamen cuenta con la legalidad que le confiere el Artículo 115 constitucional y no reclama ilegalidad, inconstitucionalidad, con lo que el priísta quedó disminuido.
José Luis Ramírez Escalera, del PVEM, se preguntó hasta cuándo se va a tolerar el mal servicio de los autobuses urbanos de la ciudad de Aguascalientes, “con choferes desaseados”, camiones chatarra, con muchos años en servicio: “¿qué se necesita para poner orden en ese pésimo servicio, monopolizado por una sola empresa”, preguntó el legislador.
Por su parte, el priísta Mario Guevara Palomino respondió que derivado de las consultas que se han realizado al respecto, en breve se presentarán en el Pleno, y antes de que termine el actual periodo de sesiones, la propuesta para modernizar al transporte público urbano.
