Recientemente se cumplieron 96 años de vigencia de la Constitución de 1917. Así que ante la inminente celebración centenaria de nuestra Carta fundamental, y más allá de los cambios en su texto, es urgente preguntarnos cuál es el estado social, constitucional y de derecho que los mexicanos necesitamos, y lo que estamos dispuestos a hacer para conseguirlo. Porque con una constitución asentada en su letra y espíritu, los mexicanos ahora tenemos la ingente e inaplazable necesidad de hacer reales y cotidianos sus postulados de justicia social como pilares del estado de derecho.
La actual depresión económica mundial, iniciada, según algunos por la especulación financiera con préstamos sin respaldo, y por otros, derivada de la sobreproducción industrial, evidencia una crisis del modelo librecambista especulativo de acumulación del capital. Bien sea la avaricia especulativa de los grandes capitales o la producción industrial a bajos precios, parece cierto que hoy en día el mundo es más pobre, que hay menos ricos que son más ricos y muchos más pobres que son más pobres. Esta situación representa un tangible retroceso de los derechos sociales en el mundo y en especial en Iberoamérica que amenaza gravemente la construcción de la paz social.
De manera que luego de décadas de avance del capitalismo transnacional la realidad es desoladora. La privatización de los servicios públicos denota un claro retroceso del estado como garante principal de la satisfacción de los derechos sociales para toda la población y no sólo para aquéllos que pueden pagar las crecientes tarifas de bienes y servicios públicos. La alta participación en el proceso de empresas transnacionales es un signo claro del proceso de recolonización de Iberoamérica. Empresas españolas, como las de gas, bancarias, de construcción, hoteleras o de infraestructura en México; o la Telefónica en Sudamérica; francesas como Carrefour, o alemanas como Siemens, se apropian de la prestación de servicios públicos y del suministro de bienes y servicios técnicos. Bien sabido es que las condiciones tarifarias –así como los garantías de seguridad a la inversión que eliminan todo riesgo a los operadores económicos– son impuestas por las multinacionales a los países necesitados de inversión extranjera para la generación de empleo. En el caso de los servicios públicos esenciales, tales tarifas garantizan el flujo de recursos económicos del sur al norte, como también lo hace el sistema financiero internacional, de forma que “se asegure” el nivel de vida de la población de los países desarrollados.
Y no sólo la incapacidad económica o empresarial de los países de Iberoamérica, sino también la competencia cada vez más cerrada del gran capital y la ideología del fin del Estado de bienestar, explican el agravamiento del acceso de la población a los servicios sociales básicos. La mercantilización del agua, de los alimentos, de los servicios públicos esenciales de salud, comunicaciones, etc., pugna contra el principio constitucional de universalidad de los derechos fundamentales, así como contra los compromisos internacionales de los estados miembros de la ONU y de la OEA para la realización integral de los derechos humanos.
Porque el retroceso en la protección de los derechos fundamentales de corte social viene acompañado de la reducción del tamaño del estado como consecuencia de la ideología neoliberal y los ajustes estructurales exigidos por organismos internacionales de crédito como el FMI y el Banco Mundial. Mientras que el estado se desentiende de la prestación de los servicios públicos básicos en los países emergentes, las reformas tampoco aciertan a dotar a las autoridades públicas de los instrumentos, procedimientos y recursos adecuados para una vigilancia y control efectivos sobre las actividades de los particulares en la materia.
Tenemos ahora el ejemplo reciente del flaco papel de los denominados organismos garantes autónomos: IFE, IFAI, CNDH, Cofetel, Cofepris, etc., cuyo papel en la transición mexicana ha sido más que cuestionable y dudoso en los pasados años; sobre todo a la luz de los gigantescos presupuestos que ejercen cada año y sus más que cuestionables resultados.
Así, en la última década, los derechos sociales constitucionales, a saber: el derecho al medio ambiente sano, a la alimentación, al agua, a la salud, educación, vivienda, educación, trabajo, o a la seguridad social, han tenido un creciente protagonismo en México y en los demás países iberoamericanos, en la doctrina de tratadistas y en los organismos de derechos humanos, así como también, en menor medida, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, los derechos sociales han adquirido importancia tanto en el discurso político como en la práctica de los movimientos sociales, hasta el punto de obtener un creciente reconocimiento en los estratos judiciales. En vista de estas transformaciones políticas y jurídicas, es posible afirmar que los sistemas regional e internacional de protección de derechos humanos presentan un avance perceptible, pero insuficiente, para la realización de los derechos sociales en México y en Iberoamérica. Pero esta insuficiente realización de los derechos sociales en la práctica puede ser enfrentada, entre otras estrategias, con el establecimiento de los derechos sociales a nivel nacional y su aseguramiento mediante un sistema de protección óptimo; con la garantía adicional de los mismos a nivel regional e internacional; y sobre todo: con su apropiación por parte de la población en la práctica política y jurídica cotidiana. En eso consistirá hacer viable nuestro estado democrático, constitucional, social y de derecho durante los años por venir. Nada más, pero nada menos.
@efpasillas
