No cabe duda que el desarrollo de los acontecimientos políticos que se dan al comienzo de esta administración presidencial no se podrían comprender sin el gran acuerdo político que significó el pacto.
La etapa de competencia y alternancia política, generó un proceso de disputa de todos contra todos. La competencia del PRI con el PAN, del PAN con el PRD, del PRI con PRD, generaba que ante la presión de la competencia, cada fuerza política buscara aliados que le permitieran sacar adelante su proyecto político, y la necesidad de acceso al poder de los partidos en disputa, los hacía vulnerables ante algunos grupos de interés como las élites políticas y económicas, que sacaban ventaja de ello.
Eso generó un escenario de competencia democrática de baja calidad en donde los estratos más vulnerables pagaban el costo de las decisiones de las élites políticas.
Se afianzaron con mayor fuerza los monopolios, se mantuvo intocable el margen de discrecionalidad e impunidad de los líderes sindicales, el poder de los medios de comunicación crecía cada vez más, concentrando altísimas ganancias al amparo de la competencia política.
En un escenario como éste, no ganaba ni el país, ni la democracia, y los resultados eran erráticos y totalmente inciertos. El resultado de la competencia política es que ganaba quien más dinero invertía en los procesos electorales que generalmente provenían de recursos públicos o de empresas privadas que luego cobraban el apoyo con contratos y canonjías del que ganara.
Por ello no es difícil adivinar que constructoras, televisoras, empresas telefónicas y toda la estructura económica, apoyaban con recursos económicos o en especie a candidatos de distintos partidos políticos en una misma elección, para garantizar que sus negocios estuvieran seguros independientemente de quién ganara los procesos electorales. Le ofrecían apoyo tanto al candidato que punteara las encuestas, como al segundo lugar para no correr ningún riesgo.
La alternancia generó una serie de cambios, menciono sólo algunos. Menor peso de la figura presidencial que se trasladó en parte al Congreso de la Unión y sobre todo a los gobiernos estatales. Fueron los gobiernos estatales donde el PRI se atrincheró para resistir la etapa fuera del gobierno y donde centró su fuerza para recuperar en el corto tiempo el poder político.
Otro rasgo importante en los 12 años en que el PAN fue gobierno, es que las estructuras de los partidos políticos se pusieron por encima de la estructura de los gobiernos y las instituciones.
La consecuencia de ello fue que los líderes y representantes populares consideraban que le debían su carrera al grupo político del que formaban parte y no a los ciudadanos que les otorgaba su voto.
Si el líder del partido o del grupo le pedía que hiciera algo, aún fuera de la legalidad o faltando a su responsabilidad pública, lo hacía, porque su lealtad se daba a al partido, y no a las instituciones o a los ciudadanos que lo elegían.
Las consecuencias fueron serias fallas en la rendición de cuentas, ineficiencias en la administración pública donde servidores y funcionarios siguieron recurriendo a las viejas prácticas, y un deficiente sistema electoral en donde los órganos electorales dependían del Jefe del Ejecutivo y las reglas formales eran insuficientes para garantizar la legalidad e impedir la compra de votos.
Medidas como la detención de Elba Esther Gordillo, la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, la reforma educativa, y más recientemente la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones que fue hecha para quitarle privilegio a los monopolios y favorecer la competencia, son acciones que en otro contexto hubieran sido impensables pues ninguna fuerza política por sí misma lo hubiera logrado ni aun teniendo el gobierno. Ésta es una clara muestra de la preeminencia de la estructura de los partidos políticos sobre las instituciones constitucionales que por primera vez genera beneficios para el país y una mayor regulación a los poderes fácticos. Pero se requiere un mayor proceso de control fuera de los aparatos de los partidos políticos para consolidar y normalizar el proceso de la democracia mexicana.
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