- Auditoría Superior debe darse una vuelta y cuestionar enriquecimiento inexplicable
La solicitud de amparo federal por parte de Silvia Luna Rodríguez, ex dirigente de la Sección I del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en la cual se presentaron también Francisco Arriola, ex esposo de Elba Esther Gordillo, y René Fujiwara Apodaca, ex yerno de la misma, es una muestra de que “tiene cola que le pisen”, y con lo que se evidencia que muy probablemente fue parte del mal uso de los recursos de los agremiados por el que hoy se encuentra enjuiciada la lideresa vitalicia del SNTE, situación que bien podría replicarse en el resto de los allegados a la líder en Aguascalientes.
Laura Ramírez Pérez, secretaria del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM), indicó que la solicitud de amparo por parte de Silvia Luna muestra que no se encuentra “libre de pecado” y que tiene cuentas pendientes con los agremiados del SNTE, de modo que optar por un mecanismo como el del amparo debe tener toda la intención de que no le llegue la justicia, y agregó que existe la posibilidad de que los comisionados del SNTE pueden estar involucrados en los delitos que se le imputan a Gordillo Morales.
“Los comisionados del SNTE, de forma tradicional, se mostraron muy disciplinados ante las órdenes de Elba Esther Gordillo”, de modo que esta sumisión ante la lideresa es la muestra de que ella les generó algún tipo de beneficio o lo mismo pudo presentarse al darles manga ancha para que dispusieran y usaran en su beneficio los recursos de los trabajadores de la educación.
Una de las cuestiones que remarca la líder del SITEM es que con base en lo que está sucediendo a nivel nacional, los representantes del SNTE en el estado, en especial quienes han mostrado un enriquecimiento exagerado, deben comenzar a “poner las barbas a remojar” y no confiarse en la impunidad que hasta hace poco tiempo imperaba en el SNTE, y del mismo modo indicó que deberá existir la intervención por parte de la Auditoría Superior de la Federación, para que de inmediato se dirija a nuestro estado y verifique el manejo que se ha dado al recurso de los trabajadores en el estado, a propósito también de la denuncia que hizo hace unos días Armando Quezada Chávez, miembro del colegiado de asuntos jurídicos del SNTE, sobre la pérdida de 700 millones que se retuvieron a los trabajadores de la educación.
Foto: Gilberto Barrón
