Sin duda alguna el combatir la pobreza y paliar el hambre de las personas que la sufren es una de las tareas más urgentes que enfrenta la humanidad en el presente. Es a todas luces inaceptable que, en una sociedad con los avances científicos y tecnológicos del siglo XXI, una parte importante de la humanidad sea tan pobre que padece hambre y que por contraste una ínfima parte de la humanidad disfrute o tenga todo lo que a los demás les falta.
Es loable que un gobierno instrumente un conjunto de programas –los llame “cruzada”, como lo ha hecho el gobierno mexicano- para combatir el hambre. Pero los damnificados por estos males no son como los damnificados por un huracán, terremoto o un tsunami. Han resultado damnificados por un sistema económico hecho por humanos, que depreda el patrimonio de unos para enriquecer a otros, y no por un evento imposible de evitar como lo es un fenómeno natural. Los damnificados económicos que sufren hambre, son víctimas de otros seres humanos que, al enriquecerse, propician con su acción económica cotidiana la pobreza y otros males.
La cruzada contra el hambre, emprendida desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal, si no es resultado de un malintencionado tráfico de influencias e intereses al incorporar entre los heroicos cruzados a Pepsico, Nestlé y Monsanto, es un grave error, más que de táctica, de congruencia. Se repite el modelo bíblico del usurero que, al lanzar unas cuantas monedas a los mendigos, pretende ocultar con ese despreciable gesto su avaricia. Con su enorme peso económico y labor en el campo, la industria, el comercio y la publicidad, estos actores aportan diariamente a la diabetes y malnutrición; los programas marginales con los que dicen apoyarán al gobierno en su cruzada son el jaboncito con el que pretenden lavar su imagen. ¿No se habrá percatado la titular de la Sedesol que puede estar siendo engañada?
Si se quisiera emprender una verdadera y eficaz cruzada contra el hambre, no sólo habría que evitar la invitación de los herejes a la heroica gesta. Tiene que convertirse esa guerra en una lucha abierta y definitiva contra el sistema económico que propicia la pobreza.
Una de las más insistentes demandas que hace la población de México y de todo el mundo a funcionarios y representantes populares es la atención a su situación económica. Atender la economía de las personas es un reclamo general que no puede ser desoído por el gobierno ni por la sociedad. El grave deterioro del poder adquisitivo y disminución de las oportunidades de encontrar ocupación dignamente remuneradora se debe aquí -como en todo el mundo- a la excesiva concentración de la riqueza. En la medida que una localidad pierde la capacidad de retener dentro de su territorio la riqueza generada, el problema económico se agudiza. De allí que la estrategia central para erradicar el hambre y la pobreza consiste en la promoción y fomento de la economía local. Para ello es necesario combinar una política a nivel nacional que la eleve a nivel de interés público fundamental con una política concordante llevada a cabo por los gobiernos locales, con acciones concretas y directamente relacionadas con la actividad económica de las personas.
En ese sentido, en primer lugar habría que facilitar y agilizar los trámites de apertura de negocios y pago de licencias a nivel reglamentario municipal. Esto en adición a la disponibilidad de programas de créditos a grupos poblacionales específicos, como mujeres, jóvenes, familiares de migrantes que favorezcan el desarrollo del mercado local.
Con su cercanía a la población y capacidad de comunicación social, los gobiernos municipales pueden llevar a cabo campañas de concientización hacia la preferencia en el consumo de lo local. Conforme al marco de acción determinado por la Constitución mexicana los gobiernos municipales tienen como misión expresa la gestión de todo lo necesario para proteger y fomentar los intereses y valores de la convivencia local. En congruencia con ello, es necesario que se eleven a grado de interés público estos criterios que establecen los órganos reglamentarios municipales a la hora de otorgar permisos para la instalación de negocios, tomando en cuenta que hay comercios que adquieren una licencia municipal para operar aun cuando compiten de manera desigual con los comercios locales.
A la par, como sucede con la actividad de grandes compañías trasnacionales, la proliferación de tiendas de conveniencia, cadenas de autoservicios y farmacias ha incidido en los últimos años como una de las principales causas de laceración de la economía familiar. Estos negocios cuentan con una fuerza financiera, promocional y de crédito que no se equipara a la de los pequeños negocios a los cuales desplazan. Si bien el cumplimiento de los requisitos reglamentarios es condición necesaria para el otorgamiento de permisos de operación, no debería ser suficiente si se provoca con ello, por la inequidad, el desgarre del tejido social y el deterioro económico.
Los gobiernos locales, en particular los municipales son los actores con mayor capacidad de impacto en políticas públicas que permitan combatir el hambre y la pobreza. Son los gobiernos municipales los que deben y pueden proveer lo necesario para fortalecer la capacidad competitiva de los negocios locales y con ello, la contención de la depredación económica que provocan los grandes actores económicos. Es en ese ámbito de acciones y no mediante llamativas actividades promovidas por los herejes de la cruzada como realmente se puede combatir el hambre.
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