- En muchas ocasiones, abogados de oficio empeoran condición de los migrantes: Juan Pérez
- De nada sirve la representación si los policías no recurren ante un juez
Más allá de lograr una reforma mediante la que se busque dar el beneficio de la representación legal gratuita a los migrantes que circulan por nuestro país, lo que se requiere es que se brinde una capacitación a todas las autoridades que entran en contacto con las personas que quieren alcanzar el sueño americano, pues lejos de brindar protección a estos viajeros, se convierten en victimarios y en una adversidad en el largo camino que emprenden con la finalidad de llegar a Estados Unidos, así lo indicó a la La Jornada Aguascalientes Juan Pérez Robles, representante de la Asociación de Migrantes Organizados (Amor).
La propuesta presentada hace unos días por parte del diputado priísta Héctor Yunes Landa, para que se reforme la Ley de defensoría Pública y la Ley de Migración, para que los migrantes que circulan por el país cuenten con defensores de oficio gratuitos, no es algo que beneficie de forma real a este sector que se encuentra en una amplia vulnerabilidad.
“Yo creo que la propuesta debería de enfocarse en que los policías sean capacitados en materia de derechos humanos, ya que de nada les va a servir tener abogados si los policías no los presentan ante los jueces, nada más los golpean, los roban y los dejan”.
Se debe generar conciencia de que las policías, así como todas las autoridades involucradas en el tema, deben cumplir a cabalidad con el procedimiento que existe en materia migratoria en el país.
El procedimiento a que refiere Pérez Robles comprende el que posterior a la detención de los migrantes, éstos sean presentados ante la autoridad de migración, y ésta a su vez, haga el requerimiento a los respectivos consulados para que éstos manden a sus abogados.
“El aviso a los consulados es una ley universal, pero la realidad indica que teniendo abogados de oficio ni ellos mismos conocen las leyes migratorias, por lo que para ellos es más fácil hacer que firmen la deportación, pero no entregan información acerca de las diversas garantías que existen, como las de los 180 días de libre estancia en el país, beneficios de atención a la salud, el libre tránsito por el país, garantías que incluso se encuentran establecidas en nuestra Constitución”.
Uno de los puntos en que concluye el representante de los migrantes en el estado es que si las intenciones son las de brindar un auténtico apoyo a los migrantes, debe considerarse la vinculación estrecha con los diversos países centroamericanos, para que no sólo nosotros conozcamos la nueva ley, sino que se les involucre a ellos también, para que en su momento las personas que así lo requieran hagan pleno uso de sus derechos.
