Para todos está claro que con el regreso del PRI los niveles de violencia no han disminuido, pero que ha impulsado el cambio de la agenda mediática para que la nota roja se reduzca en frecuencia, tiempo y comentarios. El resultado es que la muerte se ve poco, si bien anda más entre la gente. Es amenazante que la nueva estrategia de seguridad proponga la simulación para con la sociedad mientras sugiere negociar con los cárteles.
La violencia es insufrible en los “puntos rojos” del país, que se multiplican como sarampión. En esos lugares de México, el Estado es un mito que sólo aparece en periodos electorales, cuando los agentes partidistas emprenden cruzadas para la compra o coacción del voto, que son prácticas perversas sólo posibles en situaciones donde la corrupción y la violencia son el lenguaje común.
Muchos pueblos han sido abandonados a su suerte por el gobierno. Ante el abuso, la arbitrariedad y los excesos de grupos delictivos, se vuelve necesaria la autodefensa. Visto desde la izquierda, puede ser un momento clave para construir autonomías. Pero también hay riesgos: armar una población sin ideología que justifique su organización, puede terminar en la proclamación de la Ley del Talión como lógica justiciera y hasta abrir una vía para la contrainsurgencia.
Se alega que por definición, el Estado debe tener el monopolio de la coacción legítima. En ese planteo, los grupos de autodefensa vulneran de raíz el diseño republicano. Sin embargo, es una realidad que el crimen organizado -sin legitimidad alguna por principio- ocupa ese privilegio de manera continua y sin límites, lo que propone una situación de excepción donde las soluciones endógenas como las Policías Comunitarias son viables. El Estado debe garantizar la seguridad a todo ciudadano, por ser una de sus principales razones de ser, pero es una cosa en la que ha fracasado. Sumado a lo anterior, cuando se acompaña de usos y costumbres, el derecho a definir las formas de seguridad se apoya en una condición previa a cualquier constitución colonial y liberal que escatime su legitimidad y autodeterminación.
La principal función del Ejército cuando hay Estado-Nación es preservar la soberanía. Pensemos en las batallas contra el extranjero invasor, con el símbolo de un Juan Escutia. Sin embargo e históricamente, cuando la coyuntura implica subversión, el Ejército se arma contra el rebelde para preservar el orden y defender la institucionalidad. Si bien en México no hemos tenido dictaduras militares, las regresiones autoritarias en sociedades que aspiran a la estabilidad sin haber consolidado la democracia es una tentación permanente.
Por dar cauce a lo anterior, reflexionemos sobre una curiosa perversión de Estado: policía y ejército realizan por costumbre rituales de lealtad -brindan honores a la bandera, marchan para celebrar la Revolución, saludan marcialmente al presidente aunque éste no sepa devolver el gesto- y se procura encarnar en ellos el concepto de servicio a la patria, pero son siempre quienes defienden en primera y última instancia un orden social corrompido. De lo anterior se deduce que el patriotismo no es una pasión republicana, sino enajenado entusiasmo por el hábito y por las reglas en turno, que irónicamente, son conquistas de luchas que los militares del pasado combatieron.
Percatarnos que toda forma de Estado crea ejército y policía, pero se escandaliza con la idea de un pueblo armado en autodefensa, sugiere una verdad: como ocurre con todo principio, el régimen se prepara para sus crisis eventuales, de manera que en el momento que se torne irracional pueda ser defendido el orden. Así, el absurdo sostenido por las armas palpita en todo gobierno incipiente, tal vez porque una idea inerme no puede abrirse paso en el mundo regido por la fuerza. Ocurrirá así mientras nuestro ejército y policía se sientan más de parte del gobierno en turno que del pueblo al que pertenecen.
En todo caso, lo que hay que tener claro es que el ejército es una pieza de transición dentro de una estrategia integral de seguridad. Su función es contener la violencia, no traer de vuelta la paz. Por ello, la siguiente etapa tiene que dar paso a un modelo de seguridad comunitario, como se planteó en las favelas de Río, en Brasil, para restituir el tejido social y asociativo.
La violencia sigue, lo que nos da luz sobre la verdadera dificultad: el problema no es que el ex presidente Calderón emprendió una guerra inútil contra el Narcotráfico; lo que debe preocuparnos es qué instituciones y sistemas de contrapesos lo permitieron y lo siguen soportando. Se demuestra que no tenemos controles democráticos efectivos, con capacidad de veto popular en casos tan censurables.
