Estuvo en México apenas unos días, poco menos de dos semanas, el relator especial de las Naciones Unidas, Christof Heyns. Regresó a la sede del organismo internacional impresionado al descubrir durante su corta estancia que México carece de una ley sobre el uso de la fuerza. Los asuntos que vino a observar son los relativos a ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias, una de esas cosas de las que casi nadie en el país se entera. Su impresión lo llevó a una conclusión tajante: el problema reside en la impunidad. No hay registro de delitos ni procesados porque a quien delinque, nunca se le llama a la justicia, nunca se castigan sus delitos.
En el caso de los delitos por el abuso de la fuerza por parte de quien debería cuidar la integridad y seguridad de las personas, no existe ley que tipifique, acote y mucho menos, castigue a quienes, bajo la óptica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), atenta desde una posición ventajosa contra la integridad de otros. Cuando la integridad física no puede ser protegida porque hay impunidad para quienes atentan contra ella, resulta fácil hacer extensivo este estado de impunidad-indefensión hacia los derechos sociales, culturales ambientales y económicos de las personas.
Es un verdadero escándalo que se denuncien condiciones de inseguridad e indefensión dentro de las fronteras de un país signatario de la DUDH y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Así como la impunidad en materia de abuso es el origen de los delitos que atentan contra la vida física, la impunidad en materia de abuso y obstaculización del flujo económico es la causa de la crisis que vivimos en la actualidad.
Guardando la enorme distancia entre una cosa y otra, resulta que en las cuestiones socioeconómicas es la impunidad de ciertos actores lo que provoca que la economía no funcione adecuadamente. La incidencia transversal de las actividades de la banca, las telecomunicaciones y el sistema de justicia -es decir que su actuación afecta a todas las demás- obliga a que si éstas no están obligadas a cumplir con transparencia, equidad, justicia y eficiencia, obstruyen la actividad económica en general.
La economía mexicana, como otras en el mundo, se encuentra en dificultades. El Banco de México anuncia que a pesar del pobre desempeño de nuestra economía durante el primer trimestre de 2013, confía en que la economía crecerá lo suficiente en el resto del año para alcanzar la cifra mágica del 3.5 por ciento anual. En realidad, como ha sucedido en el pasado, si llegase a haber crecimiento económico, no significará que vaya a haber desarrollo y mucho menos que el crecimiento genere una mejoría económica para todos. Ya en ocasiones anteriores en esta columna he descrito cómo es que funciona este asunto de manejar estadísticas promedio: unos pocos crecen mucho concentrando la riqueza y otros muchos resultan por ello empobrecidos, pero al promediar la dinámica en su conjunto, la cifra resultante muestra un crecimiento como el que pronosticaron los economistas del banco central.
A pesar de existir un marco jurídico que debería acotar y normar las actividades de las telecomunicaciones, la banca, los usuarios de éstas se ven obligados a aceptar las condiciones atentatorias contra su integridad económica. La inoperancia del sistema judicial se encarga de bloquear el resto. Los procesos de demanda por incumplimiento de contrato, denuncias por robo, despojo, abuso de confianza u otros delitos, se convierten en verdaderos infiernos de inoperancia para quien se atreve a esperar resultados de la justicia mexicana.
La autoridad en materia de competencia económica coincide con Telmex en afirmar que en el sector de telecomunicaciones, no hay monopolio, sólo actores con influencia preponderante en cierto mercado. No obstante, las tarifas de los servicios telefónicos fijos y celulares, así como de internet y televisión resultan ser de las más caras del mundo y la opacidad en información al cliente es la regla general en sus servicios. La mentira, el engaño, el cobro irregular resultan ser el común denominador en esta actividad, resultando ser ineficiencias que se transfieren como mayores costos a todos los productos y servicios que se ofrecen en el país.
Pero por grave y atentatorio contra el desarrollo económico que esto pueda ser, el servicio bancario constituye el eje del sistema que hoy se encuentra en crisis. Éste es el sector de la economía que absorbe todos los recursos monetarios -la liquidez- provocando la escasez de circulante que genera los impagos que han detenido la actividad económica global. Cuando acontece el incumplimiento forzado de un pago, la banca añade al adeudo un cargo adicional que exige ser pagado con los recursos monetarios que la propia banca posee y es la única que puede generarlos.
Aunque para muchos la economía es una ciencia obscura, la realidad es que para su buen funcionamiento sólo se requiere la participación responsable de todos los actores que en ella participan. La economía consta de un flujo donde circulan bienes, información y recursos monetarios y cada actor participa permitiendo que el flujo continúe. Si por la ineficiencia, irresponsabilidad o abuso de algún actor cualquiera de los flujos se obstruye, el conjunto de la sociedad debe contar con la posibilidad de demandar la restitución y exigir penalización. En eso consisten los derechos económicos a los que, como país México se ha comprometido a resguardar. El marco jurídico en esta materia existe, y que comienza por hacer punible aquello que obstruye el flujo económico. Para reconstruir la capacidad de desarrollo y progreso económico hay sólo un camino: ejercer la ley para acabar con la impunidad endémica y sistémica que ha protegido a la banca.
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