Opinión

Tlacuilo / La autoridad

 

Empiezo por aclarar que las reflexiones que se plasman a continuación son resultado de observaciones y experiencias empíricas que no pretenden convertirse en cátedra de Derecho; es por eso que las definiciones que aquí se utilizan no proceden de diccionarios especializados sino del diccionario de la lengua española, cuya primera acepción del término autoridad la define como: Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho.

Ahora bien: como no nos referimos a un poder informal o de hecho sino al poder del Estado, tiene que ser de derecho. Para ello, la acepción dos nos dice que la autoridad debe cubrir los requisitos de Potestad, facultad [y] legitimidad, de donde la definición de autoridad deriva su acepción tres: Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia.

Esto significa que el funcionario a que nos refiramos tiene que ser legítimo, es decir, que se haya hecho acreedor a ostentar un cargo público conforme a las leyes, mismas que regirán la conducta de su desempeño, una vez demostrada su calidad (Propiedad o conjunto de propiedades… que permitan juzgar su valor) y competencia (Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo…)

AUTORIDAD LEGAL. En resumen, la ley autoriza al funcionario a ejercer el poder necesario para cumplir honorablemente con sus funciones y para que, en caso de tener trabajadores bajo su mando, disponga lo que se requiera para que cada uno y todos en conjunto, realicen adecuadamente las funciones que les competen dentro del programa de gobierno correspondiente, para beneficio de la colectividad.

PODER Y MANDO. En la acepción plausible para el caso, por poder se entiende el Dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. La correlativa de mandar sería: Regir, gobernar, tener el mando. Pero el poder y el mando que ejerce el funcionario público no es el absoluto y despótico del monarca medieval o del señor feudal de horca y cuchillo; eso, en términos actuales, se llama abuso de autoridad.

AUTORIDAD MORAL. El poder y el mando del funcionario en la administración pública republicana deben ser ejercidos con el debido respeto a los derechos fundamentales del ser humano y a los laborales que protegen al trabajador. Pero aparte de que deba ejercerse estrictamente en los términos que las leyes y reglamentos obliguen y faculten al funcionario, para que las tareas a su cargo se cumplan armoniosa y cabalmente a efecto de cumplir con la meta última que es el bien público, éste debe poseer cualidades que no están escritos en los requisitos de la ley: prudencia, moderación, cordialidad, en fin, la virtud de humanidad de que hablaba Confucio.

Si el funcionario público a cargo de una entidad administrativa obtiene los mejores rendimientos tratando con respeto y consideración a su personal, tengamos por seguro que la armonía que se observe en el área de su responsabilidad se reflejará en el trato respetuoso y considerado que sus subalternos manifiesten hacia los usuarios de su servicio.

Hay funcionarios públicos que indebidamente ocupan sus cargos pues reconocen paladinamente su incapacidad para administrar los bienes públicos que se suponen bajo su responsabilidad; otros que consideran a los ciudadanos como seres inferiores; otros más que son incapaces de recibir con cortesía a nadie; hay quienes consideran suficiente cumplir fríamente con las normas. Solamente aquéllos que disfrutan realizando su trabajo a plenitud despidiendo satisfechos a los usuarios, son los que se ganan el respeto y el afecto de todos los que tienen la grata oportunidad de tratarlos. Ésa es la Autoridad Moral de los funcionarios públicos -absolutamente superior a la legal- a que debe aspirar la República si quiere superar gran parte de los males que la aquejan.

SIERVOS DE LA NACIÓN. En septiembre de 1813, José María Morelos y Pavón convocó al Congreso de Anáhuac que, en funciones de constituyente, emitió el primer cuerpo legal que formalizó nuestra existencia como país libre e independiente. El congreso acordó otorgarle el tratamiento de Alteza serenísima pero Morelos lo rechazó, autoimponiéndose el de Siervo de la Nación. Cada funcionario público debería imitarlo.

En su discurso de apertura del citado Congreso, Morelos dio lectura al célebre documento conocido como Sentimientos de la Nación. Entresaco un párrafo que es una joya que debería estar a la vista de todos los mexicanos en cada una de las oficinas gubernamentales:

Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.

Aguascalientes, México, América Latina

tlacuilo.netz@yahoo.com



The Author

Netzahualcóyotl Aguilera R. E.

Netzahualcóyotl Aguilera R. E.

No Comment

¡Participa!