- En 2011 recibió 4 mil millones; se comprobó “aplicación indebida” en 1.1% de ese presupuesto
- Acción Nacional ya habría demandado a Chávez Rangel ante la Procuraduría General
- Anticipan pronunciamientos en las cámaras de Diputados y Senadores
- Panistas presumen uso electoral de recursos públicos
Dirigencia estatal, así como senadores y diputados locales y federales del Partido Acción Nacional (PAN), señalaron que desde ayer se tramitaría ante la Procuraduría General de la República una denuncia en contra de Francisco Chávez Rangel, candidato del tricolor a la Presidencia Municipal capitalina, pues durante su estancia como director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) se produjeron irregularidades financieras que superan los 23 millones de pesos.
Los panistas se respaldaron en el chequeo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicara al IEA después del ejercicio fiscal de 2011. Los resultados del informe fueron publicados este mes de marzo.
En una primera instancia el auditor superior determinó que el IEA debió reportar 38 millones 284 mil pesos por concepto de cuotas al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). En el transcurso de la auscultación el ente fiscalizado sólo pudo rendir aclaraciones por 14 millones 967 mil. Así, el saldo a solventar sería de 23 millones 316 mil pesos.
En conferencia con los medios, el senador Fernando Herrera Ávila señaló que desde tribuna se solicitará la intervención de las secretarías de Hacienda y Educación, pues “se presume que dichos desvíos económicos están siendo utilizados en las campañas políticas del PRI. Para evitar cualquier interpretación necesitamos el detalle puntual de dónde quedó este dinero que retuvo la autoridad local, y que no enteró a las autoridades correspondientes a nivel central”.
Por su parte, el diputado Rubén Camarillo Ortega adelantó que también habrá presión desde el estrado de San Lázaro, pues “son 23 millones de pesos los que andan bailando”. La argumentación de la demanda, expuso, correrá de acuerdo a al presunto uso indebido de la función pública por parte del ahora candidato y de quien resulte responsable.
Jorge López Martín, presidente del PAN en Aguascalientes, dijo que el informe 11A01000-020610 además señala la existencia de 177 “aviadores” dentro de la nómina de la dependencia de Gobierno del Estado.
En el documento del auditor “se establece con absoluta puntualidad que hay un desvío de recursos y que hay pagos a funcionarios públicos que no estaban laborando”.
Añadió que Francisco Chávez “no ha rendido informes ni ha dado cuenta de su ejercicio como titular del Instituto de Educación de Aguascalientes. No se cumplió con la normativa, ya que existieron gastos de operación no afines a los objetivos del Fondo [de Aportaciones para la Educación Básica y Normal], se realizaron pagos por compensaciones y fondos no autorizados, se realizaron pagos indebidos a trabajadores con licencia sin goce de sueldo”.
En lo tocante a los “aviadores”, la ASF reportó que con base en una verificación física se pudo corroborar que 177 personas no se encontraban en sus centros de trabajo. La observación no se declaró como solventada, pese a que el Instituto presentó papeles para avalar los movimientos de los trabajadores.
Más adelante Arturo González Estrada, integrante de la Comisión de Vigilancia en Congreso del Estado, expuso que en febrero pasado la bancada azul promovió un punto de acuerdo para que el Órgano Superior de Fiscalización revisara el estado financiero del IEA. Culpó al Grupo Parlamentario priísta de que la moción fuera desechada.
José Ángel González Serna, otro de los diputados federales, también desfiló por los micrófonos del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional. De acuerdo con el noveno punto del dictamen de la ASF, declaró, en 2011 el IEA recibió un presupuesto de 4 mil millones de pesos y dejó ver “aplicación indebida” en el 1.1 por ciento de toda esta bolsa.
Hubo “otras deficiencias observadas, como el incremento de la deserción y reprobación, los resultados elementales y poco satisfactorios de la prueba ENLACE, así como la disminución de la cobertura educativa. Se afectó el cumplimiento de los objetivos y metas del fondo, e impactó de manera directa en la presentación de los servicios que el Estado brinda a la población estudiantil en los niveles de educación básica y normal… Esto lo dice la Auditoría Superior de la Federación”.
Jorge López anotó que por lo pronto no se dará vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, pues primero habrá que agotar la vía judicial.
Durante la mañana de ayer los abogados del partido ya redactaban la correspondiente demanda.
Foto: Gilberto Barrón
