Mauricio Merino define la corrupción como una actuación indebida de parte de un funcionario público, se refiera a “la sustracción y captura privada de lo público: la corrupción entendida como la apropiación privada e ilegítima del espacio y bien público”.
Muchas de las veces nos hemos preguntado si una buena parte de los gobernantes y políticos habrán incurrido en esta práctica, y en el imaginario colectivo se establece la casi certeza de que así es.
En el caso del ex gobernador Luis Armando se le dicta orden de aprehensión. Se le acusa de peculado de 14 millones de pesos por la compra inexistente de un tomógrafo cuando él estaba al frente del ejecutivo estatal.
El secretario de salud en su administración estuvo ya algunos años en la cárcel por este delito y de manera reciente obtuvo su libertad. La mayor parte del proceso lo llevó en la cárcel y no se conoce a detalle en qué estatus se encuentra su situación jurídica.
En días recientes se libra una orden de aprehensión contra el ex gobernador por el mismo motivo.
Las versiones acerca de la corrupción de Luis Armando Reynoso se han conocido desde que era gobernador, pero ¿la presente administración requirió de tres años para darse cuenta de ésa, o de algún otra falta? ¿No tiene responsabilidad el Órgano Superior de Fiscalización que no dijo nada ni cuando era gobernador, ni en los siguientes tres años? ¿Y la fracción parlamentaria del PRI, que aprobó sus cuentas tampoco tiene responsabilidad pública de ello?
Es francamente ridículo que se acuse al ex gobernador por un monto tan pequeño. Por esa cantidad no puede ser sujeto a detención y cárcel. Entonces ¿qué es lo que se pretende con esa orden de aprehensión? ¿En realidad se busca castigar el desempeño de un mal funcionario? ¿o qué es lo que pretende al girar esta orden?
En realidad todo esto es un montaje porque a quien buscan dañar es a la campaña de la coalición PAN-PRD y particularmente a Antonio Martín del Campo que está verdaderamente ajeno a ese proceso.
No es gratuito que este asunto salga a la luz exactamente al inicio de la campaña electoral. No se quiere detener ni a Luis Armando ni a Lula Reynoso, porque el gobernador sabe que si lo detienen va a salir información de cómo y con qué mecanismos logró ganar la gubernatura con menos de cuatro puntos porcentuales de diferencia.
Lo que se pretende con esta orden en primer lugar, es intimidarlo para que no se meta a la campaña ni destine recursos a los candidatos afines a él o al Partido Acción Nacional. Pero lo que en realidad busca el jefe del ejecutivo, es dañar a los candidatos de la coalición, principalmente a Toño Martín del Campo. Ése es en realidad su objetivo.
Siempre es lo mismo con el viejo PRI, son malos para someterse a la competencia, quieren ganar en la mesa y evitar a toda costa el escrutinio público del electorado y la competencia democrática.
Si el candidato del PRI no avanza ni logra la aceptación del electorado, la razón se tiene que buscar en la forma autoritaria en que se decidieron las candidaturas, excluyendo a liderazgos y personalidades que hoy pudieran estar integradas de manera vigorosa en la campaña y con alto sentido de pertenencia.
Construir de la noche a la mañana una candidatura sin una trayectoria que lo avale y sin el apoyo de todas las estructuras y liderazgos del partido, es algo que los gobernadores de todos los partidos hacen, pero en el PRI es más frecuente.
Más que un personaje competitivo con presencia y liderazgo, deciden competir con un candidato que les garantice subordinación y obediencia. Por eso hoy tienen que recurrir a estrategias que desvíen la atención, y pretenden golpear a un candidato que está resultando ser mejor de lo que esperaban.
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