- Los titulares del área son “tapaderas” de presidentes municipales
- Propone el panista que las cuentas públicas sean auditadas por el Colegio de Contadores
Aunque “no necesariamente” del Partido Revolucionario Institucional, Antonio Martín del Campo, candidato a alcalde de Aguascalientes por Acción Nacional, mencionó la importancia de contar con un contralor proveniente de un organismo político de oposición como medida para resguardar la salud del erario.
“Si hay otra persona capacitada, que no sea de mi partido, adelante, yo la estaré apoyando”. El perfil, dijo, podría emerger del Colegio de Contadores Públicos o de la sociedad civil.
Señaló que la propuesta nace de una convicción personal, porque “el día de mañana o pasado yo no quiero que nadie me esté señalando: te robaste esto, te robaste lo otro… si hay alguien que esté haciendo mal uso de los recursos, que se castigue”.
Históricamente, consideró Martín del Campo, los contralores se han desarrollado como “tapaderas” de quienes ocupan los primeros puestos de gobierno.
“Hoy yo estoy proponiendo que las cuentas públicas las audite el Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes. Como está la ley, quien revisa las cuentas públicas es el Congreso del Estado, allí tendremos que hacer alguna modificación a nuestro marco jurídico”.
Al anotar que hoy día el contralor “es una persona cercana” al primer edil, el panista refirió que dicha relación puede generar nichos de opacidad.
“Las contralorías son las tapaderas de los presidentes municipales… el contralor no debe tener afinidad partidista, debe ser una persona con capacidad y con experiencia, allí es donde realmente empezaremos a transparentar los recursos públicos”.
De llegar al cargo, adelantó el candidato, se implementarán auditorías al desempeño y no únicamente al gasto del erario.
Trajo a colación la erogación millonaria que se hiciera para adquirir un paquete de software, equipo que sencillamente no tuvo utilidad alguna.
Durante la administración del priísta Gabriel Arellano se erogaron 45 millones de pesos para comprar productos de la empresa Telemática. Posteriormente se detectó que el software no contaba con licencia de operación, por lo cual se descartó su uso para no incurrir en delitos de piratería.
Luego de ganar las demandas civiles y administrativas, el gobierno de Lorena Martínez Rodríguez apeló a la esfera penal después de valorar que Telemática no tenía las condiciones necesarias para reparar el daño a la hacienda.
Foto: Roberto Guerra
