- Se votarían dos días antes de las elecciones locales
- En México ha habido mujeres presas por abortos espontáneos
Ahora la moneda da vueltas en el aire. Fuentes de Congreso del Estado señalaron que este fin de semana la iniciativa de reforma al Artículo 2 de la Constitución local quedó dictaminada tanto en sentido negativo como en positivo.
Cerrado este proceso y según ha referido José Luis Alférez Hernández, el diputado promovente, sería el jueves 4 de julio, dos días antes de la apertura de urnas, cuando ambos documentos llegaran al Pleno para ser sometidos a votación.
A los legisladores se les cuestionará si consideran que el derecho a la vida se encuentra suficientemente protegido por las leyes vigentes, o si juzgan necesaria la implementación de su resguardo a partir del momento de la fecundación del óvulo.
Hace unos meses se dijo que la tendencia sería la de desechar la propuesta de Alférez y dejar los ordenamientos intactos, incluso el panista Alfredo Reyes Velázquez señaló temer tal panorama. Hoy el hermetismo es mayor.
Lo cierto es que entre 2008 y 2010, 16 congresos estatales optaron por una modificación constitucional como la que en Aguascalientes se persigue.
2009 fue el año de mayor actividad en los legislativos de Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, quienes aprobaron medidas para proteger la vida, algunos desde la concepción, y otros desde la fecundación.
Organizaciones civiles de Aguascalientes sostienen que la reforma al Artículo 2 puede llegar a la criminalización.
Para agosto de 2010, en Oaxaca, Quintana Roo, Jalisco, Yucatán y Guanajuato, ya había procesos penales en contra de mujeres acusadas por haber interrumpido un embarazo.
Luego de un parche legal forzado por señalamientos de la Organización de la Naciones Unidas, encaminado a reducir las penas, el 1 de septiembre de aquel año La Jornada reportó la próxima liberación de seis campesinas guanajuatenses presas tras un aborto espontáneo: María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha.
“Las jóvenes, originarias de los municipios de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, dieron a conocer que el Ministerio Público las obligó a incriminarse, al acotar en las averiguaciones previas que ellas ‘escucharon que los productos lloraron’”. Asimismo, las mujeres consideraron que sus abogados de oficio “las hundieron”.
