En tiempos de la “Presidencia Imperial” los gobernadores eran conocidos como “virreyes” pues a semejanza de sus similares de la época colonial, ejercían un poder cuasi ilimitado en sus territorios pero no absoluto, pues éste les era delegado por el soberano que igualmente que los imponía, los podía deponer y esto dependía de mucho más factores que los existentes en el marco dizque “constitucional”. Salinas, último representante de la dinastía imperial, durante su sexenio removió a voluntad a más de la mitad de los gobernadores, algunos para ser incorporados a su gabinete, pero muchos más en un remedo de “justicia” en donde no se decía el delito y la sentencia sumaria dependía de un solo juez. Uno de los primeros signos de decadencia de la “presidencia imperial” fue el fallido intento de parte Ernesto Zedillo de remover a Roberto Madrazo de Tabasco, quien atrincherado en la “soberanía estatal” resistió el asedio federal y concluyó su mandato, con más pena que gloria para su Estado.
Pero eso era antes, en la semana que corre, dos ex gobernadores: Andrés Granier de Tabasco y Luis Armando Reynoso del merito Aguascalientes han pasado malos momentos enfrentando sendas acusaciones penales por, simplificando la jerga legal, haber clavado las uñas en el presupuesto de sus estados y sólo la habilidad de sus abogados o la torpeza de sus acusadores determinarán su destino, en lo que se pretende sean nuevos tiempos en la rendición de cuentas; nuevo valor agregado de la restauración priísta aunque esto pareciera ir en contra de dos de los pilares fundacionales del “viejo sistema”: corrupción e impunidad.
Enriquecerse a la brevedad posible era el principal precepto al recibir un encargo gubernamental de alto nivel, pues éstos eran siempre efímeros, en consecuencia había que depredar los recursos públicos y, si era posible, también los privados aunque para esto se necesitaban más habilidades. El meter mano al presupuesto ni siquiera requería habilidades especiales, como ahora que hay que triangular los dólares a paraísos fiscales y demás alquimia financiera; lo más burdo, como enviar maletas con dinero bastaba, pues se contaba con la ausencia de transparencia y mejor, la nula rendición de cuentas al estar ésta a cargo de los propios compañeros de partido. La exhibición de las riquezas mal habidas ni siquiera era considerada de “mal gusto” y al visitar cualquier ciudad era común que sus pobladores presumieran los palacios propiedad de sus ex gobernantes.
La alternancia se suponía debería acotar este ciclo, pues si anteriormente en determinadas coyunturas se podía ver a un ex secretario encarcelado por peculado, al no estar ya asegurado que la siguiente administración gubernamental perteneciera al mismo partido la incertidumbre y el riesgo se elevaban y las posibilidades de concluir una exitosa carrera política usando uniforme de recluso no eran ya remotas, pero algo falló en esta lógica. Hace ya 24 años que el primer gobernador panista asumió en Baja California y pese a que el anterior había ganado justamente fama de corrupto nada sucedió: don Xico Leyva aún libre y tranquilo milita en las filas del PRI. Y aunque el proceso de alternancia se fue haciendo más común en alcaldías, gubernaturas y hasta la presidencia, el ciclo de impunidad nunca se vio roto.
La “transparencia” adoptada en el foxismo como práctica de gestión gubernamental bien pudo ser factor que acotara la corrupción, pues si bien la “rendición de cuentas” seguía en manos de la propia clase política, quien aplicaba la clásica “entre bueyes no hay cornadas”, al poder la ciudadanía conocer cuánto y cómo gasta el “gobierno” a cualquier nivel, por pura precaución se debieran adaptar mayores estándares de honestidad. Pero junto con la regla se creó la trampa: se podía ser transparente en lo irrelevante y opaco en lo sustancial, publicar listados infinitos de nómina pero nunca las sumatorias, agregados por programa pero no los proyectos, de forma tal que la consulta de información para un ciudadano sirve para todo menos para realmente informarlo.
En estas circunstancias dos ex gober enfrentan al aparato de justicia, pese a que en los últimos tiempos se habló de varios más: del inefable Moreira a la izquierdosa Amalia, parece que el largo brazo de la ley sólo alcanzó a estos dos, Granier por un saqueo sistemático de fondos federales mientras la demanda a Reynoso hasta parece pichicata. Sin prejuzgar sobre la culpabilidad/inocencia de los indiciados, lo destacable es que sus procesos parecen estar más ligados a coyunturas diversas que al simple imperio del Estado de Derecho, a la rendición de cuentas como práctica de gobierno cotidiana y subproducto de la normalización democrática. Mientras nuestra democracia nos permita sólo la elección más o menos libre de nuestros “mandatarios” pero no el control sobre su mandato, persiste un gran déficit en sus alcances que contribuye a su desprestigio: si sólo sirve para definir quién nos va a robar algo está funcionando muy mal en ella y el creciente abstencionismo es la mejor prueba de ello. La plena transparencia y rendición de cuentas no garantizan mejores gobiernos, pues se pueden hacer necedades honestamente, pero un gobierno corrupto nunca será eficaz y mucho menos democrático. Por mientras espero que los muchos beneficiados con las trácalas de Luis Armando se muestren gratos y le lleven sus cigarros, a menos que ya estén en el nuevo gabinete…
