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Reitera Martín del Campo que eliminará fotomultas

  • Son ilegales y son un sistema recaudatorio, no preventivo
  • Aseveró el candidato que se vulnera la garantía de audiencia contenida en el Reglamento de Tránsito

Las fotomultas son ilegales, son un sistema recaudatorio no preventivo, confirmó Antonio Martín del Campo Martín del Campo, candidato por la coalición PAN-PRD Unidos por ti a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, por ello propuso ante cientos de empresarios eliminar el programa y realizar esquemas de concientización para una adecuada seguridad vial en la ciudad, sin que afecten la economía de la población.

Respecto a la ilegalidad de este programa, el candidato por la alcaldía destacó que partiendo del análisis de la Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes, en su Artículo 154 correspondiente a las sanciones, se establece que: los Municipios, en el ámbito de su competencia, fijarán los procedimientos y medios probatorios necesarios para la imposición de las sanciones que correspondan ante una infracción vial, respetando siempre las bases generales previstas por la presente ley y la garantía de audiencia consagrada por la Constitución General de la República.

Por lo anterior, el Ayuntamiento del municipio de Aguascalientes violenta tal disposición en cuanto a la obligación de respetar las bases generales previstas por dicha ley, y mucho más grave aún, al hacer caso omiso de la garantía de audiencia prevista en nuestra carta magna, mencionó Martín del Campo.



Dijo que el procedimiento que el Gobierno municipal aplica estas multas a través de una empresa contratada para tal efecto, llamada Autotraffic, y envía un documento con la infracción al domicilio del vehículo, lo cual deja en estado de indefensión al ciudadano, pues no se le permitió manifestarse en cuanto a la infracción que se le acaba de atribuir, vulnerado en consecuencia la garantía constitucional en cita, cuya sanción es de 10 salarios mínimos, alrededor de 613 pesos puntualizó.

Asimismo, afirmó que a los conductores nunca se les permitió ninguna observación, de acuerdo al Artículo 144 de esta misma ley, que establece que los agentes de Tránsito, una vez mostrados los documentos, deben entregar al infractor un ejemplar de la infracción, y si el conductor desea hacer una observación de su parte, el agente está obligado a consignarla y permitir que estampe su firma, si así lo solicita.

Como dato extra, Martín del Campo dijo que de acuerdo a un artículo de la alcaldesa, se esperan realizar 10 mil multas al mes, lo cual equivale a 6 millones 630 mil pesos, y al año serían 73 millones 560 mil pesos.

De igual forma, aseveró que la fotomulta vulnera la garantía de audiencia contenida en el propio Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes, pues una vez más deja en estado de indefensión al ciudadano al no permitirle acudir ante la autoridad, que en este caso es el juez municipal, a fin de exponerle las causas o motivos que lo llevaron a cometer la supuesta infracción.

Sostuvo que el programa viola la garantía de igualdad,  ya que sólo es aplicable a vehículos con placas del estado de Aguascalientes, eximiendo en consecuencia de la infracción a cualquier otro vehículo que circule con placas de otro, motivo para que los automovilistas locales saquen sus placas en otros estados.

Confirmó que la sociedad desconfía de la autoridad, al demostrar una falta de sensibilidad social, ya que no se previenen las conductas que llevan al exceso de velocidad, ni tampoco hubo difusión del programa Prevé, pues el Gobierno municipal no hace campañas de difusión, si no de cobertura de las actividades de la alcaldesa.

Con base en este análisis, Martín del Campo propuso trabajar con todos los factores de riesgo que originan los accidentes, que no únicamente es el exceso de velocidad, sino las conductas que provocan conductores inseguros, hábitos y distracciones como los teléfonos, que son los que causan los accidentes de tránsito, etcétera.

Agregó que otro factor que se debe considerar es el alcohol, por lo que debe inhibirse su consumo antes de que las personas conduzcan sus vehículos, y que a pesar de contar con el programa del alcoholímetro, de acuerdo a estadísticas en el 2010, el 18 por ciento de los accidentes fue por estado de ebriedad y en el 2012 se incrementó a 21 por ciento,  siguen existiendo personas que conducen en estado, lo que comprueba que la simple sanción no modifica la conducta.

Además, hay que hacer congruentes las políticas que inciden directa o indirectamente en este tema, pues no tiene sentido que mientras se busca evitar los accidentes y el consumo de alcohol entre los conductores, se han aumentado los horarios para la expedición de bebidas embriagantes en los centros nocturnos y de reunión social.

Por último, mencionó que “debemos fortalecer los programas disuasivos y campañas para evitar los factores de riesgo, como autoridad colaborar con señalética suficiente y oportuna en vialidades, trabajar por la seguridad vial, no por el castigo a los conductores, más educación y menos recaudación, siempre dentro de la legalidad”.

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Redacción

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