La Cruzada contra el Hambre es un programa social que se plantea problemas y estrategias semejantes a Fome Zero -Hambre Cero- de Brasil, que redujo drásticamente la franja de la población en situación de pobreza alimentaria y que fue implementado en 2003, en gran medida como producto del constante impulso de Lula.
El propósito de Fome Zero fue combatir el cuadro de la miseria y la desnutrición decididamente. Respecto a la Cruzada contra el Hambre, el punto de arranque en ambos casos proviene de una evaluación espejo: el problema es un circuito viciado en la producción y consumo de alimentos, que empieza por la baja demanda que de esos productos se genera en función de la concentración de la renta en sectores privilegiados, mientras se mantienen en contraste salarios bajos con expansivo volumen de desempleo; de este modo, se inhibe la obtención de los productos de la agroindustria nacional y la agricultura comercial, lo que a su vez provoca el aumento de precios. Al ser costosa la alimentación, muchos no pueden adquirir productos de calidad con verdadero valor nutricional y se cierra así un ciclo que mantiene a millones en la precariedad alimentaria.
Por eso, en Brasil decidieron construir partiendo de un postulado incontrovertible: la alimentación es un derecho inalienable del ser humano y es deber del Estado crear las condiciones para garantizar ese derecho. Después de elevar al plano jurídico este principio, pasaron a la acción. En su modelo, el núcleo del cambio en el país ha sido el crecimiento con igualdad, de manera que un programa como Fome Zero también debía encadenar sus acciones a la política macroeconómica para poder realizar las metas convenidas.
Tal planteamiento implica apostar al funcionamiento de un sistema de relaciones estructurales coherente: generar empleo, incentivar la agricultura familiar, promover la previsión social universal (se consideran los derechos sociales a la previsión y eso se incentiva: el régimen de economía familiar en las actividades agropecuarias hace acreedores a un seguro social mínimo), mejorar la renta, aumentar la oferta de alimentos básicos, abaratar productos e implementar acciones específicas como la tarjeta de alimentación y la merienda escolar, así como poner énfasis en la lucha contra la desnutrición materno-infantil.
Para José Graziano da Silva, actual presidente de la FAO y operador de esa política pública, es fundamental que participe y se involucre la sociedad civil de manera activa en el proceso, para que así sea incluido sinérgicamente el tercer sector: ONGS, Sindicatos, Universidades, Institutos de Investigación, Observatorios Ciudadanos, etc. De esa manera, con una estructura bien definida, controles ciudadanos y una política macroeconómica consistente, hablamos no sólo de un cambio en las prioridades de la política, sino de dar a una transformación cultural.
Pero volvamos a México: con el escándalo en Veracruz, la Cruzada contra el Hambre ha tasado altos costos políticos para EPN y su equipo, pero principalmente afectó la ya diminuta credibilidad en el sistema de Desarrollo Social. El problema es el de siempre: programas de esta naturaleza se instrumentan con fines propagandísticos y electorales desde hace décadas, lo que ha devenido incluso en cultura política; así, tenemos que cargar de nuevo con los lastres del patrimonialismo, el clientelismo y el corporativismo que estructuraron la fallida modernidad priísta.
Es relevante además que tras la alternancia conservadora de los dos sexenios panistas en el gobierno federal, las dinámicas sociales mantienen estas tendencias, que se adhieren a nuestros comportamientos y moldean las creencias: pensamos que todos los partidos lo hacen en mayor o menor medida, de suerte que es ya premisa de trabajo y no excepción aberrante.
Una de las grandes críticas a la Cruzada contra el Hambre también ha sido la opacidad en los mecanismos de distribución para la selección de los municipios beneficiarios. Pero además, no hay un discurso unificado tampoco: hace falta introducir los conceptos de política alimentaria y nutricional como eje en la política nacional. Por otra parte, se requiere definir con claridad la relación de los programas de índole asistencial con respecto a la transferencia de la renta, pues debe modelarse un sistema de redistribución efectivo y sostenible.
La única forma de romper con el clientelismo es convertir la dádiva en derecho, para luego darle exigibilidad. Sobre todo, urge aplicar el principio de la ayuda humanitaria: “ayudar para que se deje de requerir la ayuda”. Vale evidenciar, finalmente, que las causas del hambre no son divinas, coyunturales ni mucho menos inevitables. Sus fuentes reales están ancladas al modelo y a la política económica, es decir, a la lógica que sopesa y equilibra lo que producimos como sociedad con aquello que gastamos, así como el uso de los recursos disponibles. Y esas decisiones son políticas cuando existe un Estado fuerte, o que mejor, una sociedad valiente.
