Hoy en día, las finanzas públicas del Estado de Aguascalientes se encuentran en una situación particular. En cuestión de ingresos, existe una alta dependencia a los recursos federales, lo cual nos refleja un bajo nivel de autonomía fiscal. El 92 por ciento de los recursos totales de la entidad provienen de la federación y sólo el 5 por ciento son recursos generados de fuentes fiscales propias. Por otro lado, el nivel de endeudamiento público es alto. Esto se traduce en que un ciudadano, al día de hoy, tiene comprometidos más de 2 mil pesos anuales, lo cual representa una cantidad fuerte de recursos públicos que podrían ser utilizados para el beneficio del propio ciudadano y que sin embargo representan un pasivo que compromete el futuro de todos los aguascalentenses.
Este escenario sin duda abre la discusión sobre nuevas fuentes de ingresos fiscales propios, como lo es el cobro de impuesto a la plusvalía. Éste es nuestro tema del día de hoy.
De acuerdo con la experiencia en diversos países, los impuestos a las propiedades se han convertido en una fuente de generación de recursos propios ideal, debido a su progresividad (afecta a quien mayor capacidad adquisitiva tiene) y a la inmovilidad del bien (es un impuesto difícil de evadir). El impuesto a la plusvalía existe en países como España y Brasil, así como en Estados de la República Mexicana como Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.
Un argumento a favor del impuesto en discusión, es que al cobrar la plusvalía, se estaría afectando a aquel sector de la población que mayor capacidad adquisitiva tiene. Así, potencialmente se debería generar un círculo virtuoso de mayor recaudación y gasto público, que debería redundar en más servicios públicos focalizados al bienestar de la ciudadanía.
Vamos a lo negativo.
Todo impuesto tiene una implicancia política. A nadie le gusta que le cobren. Es muy complicado dimensionar que lo que estamos pagando estrictamente deberían ser recursos públicos para mejorar el bienestar de la población. No existe poder que transforme una imposición tributaria en una medida de simpatía electoral. Siempre hay costos que asumir. Además, jurídicamente habría que dimensionar el tema de la doble tributación. Si se viola el código urbano es un tema que nuestros legisladores tendrán que interpretar, discutir y consensuar. Asimismo, todo impuesto genera incentivos en el comportamiento de las personas: el impuesto a la plusvalía potencialmente estaría afectando la inversión y el desarrollo de las propiedades (el incentivo a construir se reduciría debido al costo que representará el pago del impuesto), lo cual abonaría al deterioro de la imagen urbana.
Un aspecto que se debe considerar es el porqué de esta medida y no modernizar y fortalecer los sistemas de actualización catastral. Si bien esto representa una medida costosa en primer término, a largo plazo permitiría actualizar los avalúos de las propiedades conforme a los valores del mercado, lo cual directamente aumentaría la tasa efectiva del impuesto predial.
En fin, no se pretende fijar una posición al respecto, pero sí anticipar efectos positivos y negativos que los tomadores de decisiones siempre deben considerar ante futuras conflictividades. Los impuestos no son malos ni buenos, simplemente son…
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