Si la iniciativa del Ejecutivo prospera en Congreso del Estado y se da entrada a los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), también habrá que promover sanciones para los empresarios que tras adjudicarse la administración de obra pública incumplan los lineamientos de lo convenido.
Si se permite que a cambio de un “pago plurianual” la iniciativa privada se haga cargo, por ejemplo, de hospitales, y en el transcurso del camino surgen irregularidades, tanto la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas como las contralorías municipales quedarán facultadas para inhabilitar a “inversionistas prestadores” por lapsos no menores a seis meses ni mayores a 36 meses.
Dichas instancias, expuso el gobernador Carlos Lozano en la propuesta que llevó al Poder Legislativo, “podrán verificar en cualquier tiempo que los servicios se realicen conforme a lo establecido en esta ley. Para tal efecto podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes”.
El documento maneja la posibilidad de “otra sanción o multa mayor” para los casos de reincidencia.
Al hablar de multas económicas, se habla de cantidades de entre 50 y 300 salarios mínimos.
En el Congreso del Estado los Proyectos de Prestación de Servicios han causado buena impresión. De acuerdo con Gustavo Granados Corzo, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, son viables cuando el gobierno no cuenta con recursos suficientes para invertir en una obra social.
Se ha dicho que el Hospital Miguel Hidalgo, el Centro de Convenciones y el Distrito de Riego podrían ser terminados a través de este esquema.
