- Ahora la gratuidad sólo aplica en la instrucción primaria
- 70% de los estudiantes universitarios deben adquirir créditos pagaderos a diez años
A partir del viernes 13 de septiembre, día en que la Policía Federal encabezó el desalojo del Zócalo capitalino, ha crecido entre los opositores a la Reforma Educativa la necesidad de empatizar y abrir vías de comunicación con la sociedad civil y, de paso, neutralizar la que afirman es una idea difundida por los medios de información: la de que los manifestantes son “maestros flojos que no quieren trabajar”.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha enviado gente a los estados para promover entre la disidencia las labores de información y acercamiento hacia los padres de familia. La nueva legislación, señalan en panfletos distribuidos, privatizará la educación y dejará a la sociedad el mantenimiento de las escuelas.
El 10 de septiembre, en presencia del gabinete y de representantes del primer nivel de la función pública, el presidente Enrique Peña Nieto enlistó los “seis beneficios de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias”:
Primero: reglas transparentes y claras que premian el mérito; segundo: nuevas oportunidades para el desarrollo profesional; tercero: la reforma también establece obligaciones a las autoridades; cuarto: fortalecimiento de las capacidades de gestión de la escuela y aseguramiento de la gratuidad; quinto: pleno respeto a los derechos laborales de los maestros; y sexto: imparcialidad, objetividad y transparencia en la evaluación.
Al tocar el cuarto de estos puntos, aquel día el titular del Ejecutivo abundó que “las recientes reformas están plenamente inspiradas en la convicción de fortalecer la educación pública, laica y gratuita. Al dotar a la escuela de mayores capacidades de autonomía de gestión, la autoridad deberá proporcionarle los recursos indispensables para la realización de sus funciones”.
A través de su propaganda la oposición manifiesta lo contrario. Al hablar de “el futuro de la educación” pronostica el cierre de planteles públicos además del eventual “endeudamiento de los estudiantes con los bancos”.
“Detrás de estas ‘buenas intenciones’ se encuentran la OCDE, los empresarios, como Mexicanos Primero, la TV, la jerarquía religiosa y los partidos políticos que pretenden desmantelar la educación pública y su privatización”.
También se menciona que México adoptaría sistemas como el implementado en Chile, donde únicamente la primaria es gratuita.
“Para poder acceder a la universidad el 70% de los estudiantes recurre a un crédito, por lo que al terminar de estudiar están endeudados y, según la Unesco, tardan en promedio diez años para pagar”.
En 2011, durante las manifestaciones de protesta en Santiago, Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) de Chile dijo a Telesur que “basta un compromiso con legislar en base a políticas públicas que reflejen el sentir de un pueblo que hace mucho tiempo viene planteando que es necesaria una educación gratuita, que es necesaria una educación con mayor inclusión, y que no se termine segregando a los estudiantes de acuerdo con cuánta plata tienen sus familias”.
“Somos tan víctimas como ellos de los plagiarios de la educación de mercado, del lucro en la educación, somos los que mes a mes tenemos que juntar cada uno de los pesos de los exiguos salarios que tenemos para poder costear la educación de nuestros hijos”, declaró a la misma televisora una de las manifestantes.
Fue en el sexenio del panista Felipe Calderón cuando entraron en operación las llamadas becas-crédito para cursar la instrucción superior.
En Estados Unidos, añaden, la reforma educativa es promovida por multimillonarios, quienes afirman que el problema son los sindicatos y los maestros de baja calidad.
“Su propuesta radica en contratar cada vez más servicios del sector privado en la enseñanza pública. Estas son las escuelas ‘chárter’, que reciben fondos públicos y son administradas de manera privada con fines de lucro. Hay más de cuatro mil escuelas chárter en 40 estados de EU, lo que representa el 5% de las escuelas públicas”.
Estados Unidos no sólo ha dejado parte de la educación en manos del mercado. Durante la guerra en Iraq la Autoridad Provisional de la Coalición de los llamados Servicios de Protección Personal, contratistas de seguridad privada sustituyeron a los efectivos del Ejército.
El Estado llegó a pagar hasta 500 dólares al día a cada uno de los soldados por contrato.
En 1991, durante la Guerra del Golfo, había un contratista por cada 100 soldados. En Iraq la relación fue de uno a diez.
En http://pactopormexico.org/reformaeducativa/ también se argumenta a favor de la autonomía de gestión de recursos en las escuelas mexicanas.
Mediante tal esquema, dice el sitio de promoción, se “reconoce el papel fundamental del liderazgo del director”. Se apunta que la comunidad escolar podrá “decidir de manera transparente y eficiente dónde y cómo desea invertir los recursos públicos”, además de “tomar las decisiones más relevantes de su actividad diaria”.
El pasado 16 de abril Luis Hernández Navarro publicó en La Jornada que “la reforma educativa privatiza la enseñanza porque abre las puertas para que se delegue en los padres de familia la responsabilidad del sostenimiento de las escuelas. Lo hace facilitando la penetración de la mano invisible del mercado a través de la promoción, dentro del espacio público, de la lógica, normas y concepción del mundo empresarial”.
La autonomía de gestión escolar, enfatizó el director de la sección de opinión del diario, “profundiza las desigualdades socioeconómicas y rezagos ya existentes en los centros escolares. Pone a cada escuela a rascarse con sus propias uñas. Oficializa y legitima la existencia de planteles educativos de primera, segunda y tercera categoría. Crea las condiciones para que programas compensatorios tales como becas, desayunos, desaparezcan, delegando su responsabilidad en entes privados, sean filantrópicos o asistenciales”.
Foto: Gerardo González
