Por: Ángel Cedillo Hernández
Diputado de la LXII legislatura, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Los estudios clásicos del sistema político mexicano pusieron énfasis en la debilidad institucional del Estado. Lo que llamó la atención de los estudiosos como el historiador Daniel Cosío Villegas, en su obra El sistema político mexicano. Las posibilidades del cambio, o del gran sociólogo Pablo González Casanova con su libro La democracia en México, así como el extraordinario libro del célebre historiador Enrique Krauze llamado La presidencia imperial o la multicitada obra del abogado Jorge Carpizo con su texto El presidencialismo mexicano, fue el fenómeno de lo que se conoció como las facultades meta-constitucionales, uno de los mecanismos con el cual se sostuvo por más de 70 años el sistema de partido hegemónico.
El análisis de las facultades meta-constitucionales tiene una profunda explicación. En primer lugar, hay que señalar que la Constitución Política promulgada en nuestro país en 1917, fue una mezcla del modelo constitucional norteamericano con algunas ideas de contenido social que dieron por resultado una particularidad en el sistema político: la ley marcaba las directrices y simplemente la realidad del país dificultaba su aplicación. Ejemplo de ello, es el establecimiento de un sistema federalista, cuando México ha mostrado siempre un perfil centralista. Otro claro ejemplo se presentó al momento de que el texto constitucional marcaba la división de poderes. En la realidad las facultades meta-constitucionales que se originaban a partir de que el ejecutivo también era jefe del partido hegemónico, le daban predominancia sobre las demás instituciones del Estado, al permitir que el presidente decidiera las candidaturas. Otro ejemplo, fue la instauración de un régimen político democrático, cuando los procesos electorales sólo eran un medio de legitimación y no de elección.
La transición a la democracia en México, supuso el desmantelamiento del sistema de partido hegemónico. El proceso de desmantelamiento, consistió en el apego al verdadero espíritu de la Constitución, garantizando con la reforma de algunos artículos y leyes secundarias, y sobre todo, con la creación de instituciones autónomas, un funcionamiento más democrático y respetando el modelo presidencial de gobierno, que consiste en un verdadero equilibrio de poderes y el respeto a las facultades de los distintos niveles de gobierno. De lo que se trata en un régimen de este tipo es la ejecución de dos premisas básicas: “pesos y contrapesos” y “facultades exclusivas y responsabilidades compartidas”.
El proceso democrático, dio entre otras cosas dos resultados importantes: el primero fue que en 1997, se logró que ningún partido político, por sí solo pudiese tener mayoría calificada en las Cámaras del Congreso de la Unión. Por tanto, este logro que conseguimos todos los mexicanos, de todos los partidos políticos, de todos los sectores sociales, ha permitido el sueño de muchos, de limitar el poder político. También se logró que los niveles de gobierno ejercieran sus facultades y con ello, poder lograr el tan anhelado espíritu federal, donde se reconoce la pluralidad y las particularidades de cada Estado, sin demérito de nuestra nacionalidad y pasado histórico.
Sin embargo, las dificultades propias de la democracia han sido pretextos para tratar de imponer una restauración del presidencialismo y con ello debilitar al poder legislativo. Todo empezó con la falta de oficio político por parte de los dos gobiernos del PAN: el de Vicente Fox y Felipe Calderón. Ambos presidentes no pudieron construir un verdadero liderazgo, que fuera capaz de lograr acuerdos y generar un clima de acercamiento entre las fuerzas políticas. Prefirieron atacar a la Cámara de Diputados y de Senadores acusándolas de generar una parálisis institucional.
Pero es pertinente aclarar que no ha existido parálisis legislativa o institucional. Por el contrario se aprueban más leyes que en los periodos de mayoría e incluso el presidente de la República tiene una alta tasa de aprobación de sus iniciativas. La campaña emprendida por los gobiernos panistas ha sido aprovechada por el actual gobierno emanado del PRI.
Desde un inicio, su propósito ha sido debilitar y reducir a la oposición por vías meta-constitucionales, el instrumento para ello: el Pacto por México. Este instrumento ha servido para regresarle al presidente atribuciones que con la democracia le habían sido acotadas. Por ejemplo, El pacto por México le da la posibilidad de participar en todos los nombramientos de los órganos autónomos de reciente creación. Concentra la estructura de seguridad centralizando para la Secretaría de Gobernación la estructura policial y el presupuesto asignado para ello. Crea una secretaría de Desarrollo Territorial para disponer discrecionalmente de los programas sociales.
Pero lo más grave en términos institucionales y democráticos es que sustituye a las Cámaras de Diputados y Senadores, por un Consejo rector del Pacto, quien tiene la facultad de discutir y redactar las iniciativas para que lleguen a las Cámaras y sólo se cumpla con el requisito formal de aprobarlas. De continuar con el Pacto por México, se estará dando un golpe mortal a la democracia y a la pluralidad que con muchos esfuerzos hemos construido todos los mexicanos.
