- Debe analizarse si todo el país se puede regir por un mismo código: López Velarde
- Hoy sólo siete estados tienen Código Urbano
Según proyecciones del Gobierno Federal, México deberá tener una nueva Ley General de Asentamientos Humanos en 2016, año en que asista a Hábitat III, conferencia gestionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este ordenamiento mexicano data de 1976 y, de acuerdo con Óscar López Velarde Vega, consejero nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), antes de acudir a la invitación de la ONU habrá que revisar las legislaciones federal, estatal y municipal para descartar las contradicciones, obsolescencias, ineficiencias y omisiones normativas.
El proyecto final sería el de “impulsar una reingeniería” para ver si los artículos 4, 27, 73 y 115 de la Constitución pueden servir de base a un solo marco legal.
De aquí a 2016 hay que analizar “la factibilidad de unificar toda la legislación federal conexa en un Código General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda”.
Con dicha empresa en mente acaba de ser realizado, en Aguascalientes, el Foro Nacional 2013: Transición de la Reforma Agraria a la Reforma Urbana.
En el fondo se trata de “fijar las bases normativas para que de acuerdo a la coordinación de estas materias en los tres órdenes de gobierno las entidades federativas también expidan su código que unifique las leyes estatales respectivas y, a su vez, los municipios con mayor grado de urbanización en el país integren sus reglamentos en códigos municipales”.
Si el Código General no llegase a ser factible, añade López Velarde, “se deberá expedir un nuevo ordenamiento federal que se sugiere deberá denominarse Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial”.
A la fecha 10 de los 11 ayuntamientos de Aguascalientes ya han plasmado en un código toda la reglamentación relativa a las obras, servicios y desarrollo urbano de sus territorios.
Para el Gobierno de la República, insiste el consejero de la Sedatu, “la mayor prioridad” es que los estados actualicen sus leyes de desarrollo urbano para después probar suerte con el citado Código General.
Aguascalientes cuenta con Código Urbano desde 1994. Hoy el Congreso del Estado discute sobre la aprobación de uno nuevo.
Además de la entidad, sólo Zacatecas, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Querétaro tienen disposiciones legales específicas sobre la misma materia.
San Luis Potosí y Durango, en 2000 y 2002, respectivamente, eliminaron su código para retomar la figura de Ley Estatal de Desarrollo Urbano.
El Gobierno Federal tiene la idea de que los códigos estatales, una vez actualizados, deben cubrir diversos requisitos:
Evitar que los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial frecuentemente se modifiquen por intereses inmobiliarios especulativos, ampliar las normas básicas para regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, establecer caminos para diferenciar las zonas conurbadas intraestatales de las interestatales, además de actualizar los métodos de zonificación del suelo con criterios ecológicos.
Óscar López Velarde destacó que en una ciudad como Aguascalientes, donde hoy vive 1 millón de personas, debe haber políticas para evitar las “micro casas que no representan viviendas dignas, y la dispersión de los propios centros poblacionales”.
En 1900 Aguascalientes sólo contaba con 35 mil habitantes.
“La experiencia jurídico académica en el área del desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda es incipiente en nuestro país, son pocas y no pasan de 10”, refirió el autor de Apuntamientos de Derecho Urbanístico para mostrar otro de los puntos frágiles del sistema.
