- Más de 2 millones de pesos habrían sido utilizados; ni la Contraloría ni el OSF emitieron sanciones
- Compra de vehículos de lujo con deuda pública tampoco produjo responsabilidades
La Contraloría Interna del Ayuntamiento de Calvillo recurrió al Artículo 41, tercer párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes para eludir las responsabilidades administrativas y resarcitorias que le generaban 17 observaciones vertidas por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) luego del chequeo de la cuenta pública de 2011.
Fue el propio fiscalizador superior quien publicó en un informe entregado a Congreso del Estado que en cada uno de estos casos “la Contraloría determinó no dar inicio al procedimiento administrativo y/o resarcitorio en base” a un numeral que señala que tales acciones “no serán formuladas o emitidas cuando las entidades fiscalizadas aporten elementos que solventen las observaciones respectivas”.
El OSF no se atreve, por ejemplo, a declarar solventada o no solventada la presunta utilización de 2 millones 40 mil 94 pesos para saldar los finiquitos de la administración del panista Jesús Soto López.
Dicha cantidad habría sido rasurada del presupuesto de 5 millones con que la Secretaría de Finanzas dotó al gobierno actual, el encabezado por Jorge Martínez Villalobos, de extracción tricolor.
Dado que tal “anticipo de participaciones federales”, etiquetado para inversiones públicas productivas, causó sospechas, el Cabildo -consta en el acta del 18 de enero de 2011-, cuestionó a Martínez “bajo el argumento de que los recursos serían destinados al pago de finiquitos de personal de la administración municipal 2008 – 2010”.
La contraloría calvillense tampoco quiso sancionar a los “responsables de incumplir con la implementación de medidas para mejorar las diferentes áreas de recaudación”, toda vez que para el 31 de diciembre de 2011 el Ayuntamiento tenía una cartera vencida superior a los 16.5 millones de pesos por concepto de Impuesto a la Propiedad Raíz.
La administración de Jorge Martínez utilizó 1 millón 413 mil pesos para pagar “honorarios por asesorías”. No hubo consecuencias pese a haber erogado en una materia no “debidamente autorizada” dentro del presupuesto de egresos.
Una sola “asesoría legal” asignada a Salvador Martínez Serna costó 907 mil 547 pesos. Otra, para Gonzalo Villalobos, tuvo un costo de 293 mil 480.
Justo el último día de 2010 el Ayuntamiento de Calvillo obtuvo permiso para deuda pública por 15 millones de pesos.
Pese a que el Banco Nacional de Obras advirtiera, el 30 de marzo de 2011, que el empréstito no era “para equipamiento de lujo que no sea necesariamente adecuado para el servicio público”, se procedió a la adquisición de dos camionetas, marca Ford, último modelo: una Explorer (447 mil 478 pesos) y una Escape (272 mil 700).
La Contraloría Interna consideró que esta acción tampoco ameritaba el emplazamiento de sanciones administrativas o resarcitorias.
El dictamen de la cuenta pública de 2011 señala que éstas y otras observaciones no quedaron solventadas en su oportunidad. Más allá de la cita al Artículo 41 de la Ley de Fiscalización el OSF no especifica con qué argumentos la Contraloría decidió no proceder.
Foto: Roberto Guerra.
