En estos días, la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal para el próximo año. Ahora pasa a su revisión en el Senado. Algo de lo más acuciante de este debate es, sin duda, el impuesto a las bebidas azucaradas y comida chatarra. Sobre esto discutiremos el día de hoy.
Según la teoría económica, los impuestos deben cumplir con dos objetivos: generar los recursos necesarios para el gasto público y corregir repercusiones negativas derivadas de las distintas actividades del individuo. Siguiendo esta lógica, el impuesto a los refrescos y comida chatarra cumpliría con los dos preceptos. No es tan fácil.
Sobre la racionalidad del impuesto a las bebidas azucaradas y comida chatarra. Supongamos que el individuo x cuenta con un recurso disponible que le permite gastar en estos productos que coadyuvan a la obesidad y deterioran la salud del mismo. Un impuesto, per se, representa un aumento en el costo del producto; ergo, se esperaría que el disponible del individuo x, para el consumo de estos productos, fuese menor y automáticamente se propicie una disminución en el consumo.
En el ámbito de las políticas públicas, se dice que ante un problema público es mejor hacer algo que no hacer nada (también lo segundo es política pública). Este impuesto es una medida ante los altos índices de obesidad y diabetes que existen en el país, pero no nos garantiza mucho. Los individuos no se comportan de manera predecible y homogénea, cada uno de nosotros pensamos y actuamos distinto. No siempre somos seres racionales.
Diversidad de evidencia documentada deja en claro que existen factores, más allá de lo económico, que inciden en el comportamiento de las personas, y que por ende éste difícilmente es predecible. Un aumento en el precio de un refresco o unas papitas para nada garantiza que disminuirá el consumo de estos productos.
De la medida podemos anticipar que fortalecerá los ingresos públicos del Estado, pero no podemos asegurar que corregirá el comportamiento dañino de las personas. Ahora bien, será importante dar un seguimiento cauteloso a esta medida fiscal, de tal forma que nos permita comparar si el beneficio derivado de la recaudación será mayor al costo social del impuesto.
El discurso opositor a este impuesto, respecto a que la medida afectará la productividad de las empresas del rubro, y por ende disminuirán los empleos, tampoco es un axioma. Regularmente las empresas no cargan con el costo total del impuesto, lo trasladan en gran medida al consumidor. Por ende, si el consumo no cambia, tampoco lo hará la productividad de las empresas.
En esta guerra de retóricas acerca del impuesto a las bebidas azucaradas y comida chatarra, se deben considerar dos cosas: 1) los individuos no siempre son racionales, y el consumo no depende directamente de si hay un impuesto o no, y 2) las empresas no cargan con el costo total del impuesto, trasladan gran parte, o el total, al consumidor. Es bueno estar al tanto de la discusión pública entre actores, pero es mejor, y nuestro deber como ciudadanos, formarnos nuestro propio criterio.
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