Por Jorge Varona
La Reforma Energética constituye un punto de inflexión en el contexto de la crisis totalizadora que se ha generado en México a partir de 1982; se trata de una crisis económico-financiera, política, social, cultural, de valores y principios. En este sentido, la Reforma Energética conlleva el potencial de transformar el ánimo de la nación, con el imperativo de nuevas actitudes, de un desarrollo integral, de la innovación de las instituciones, del esfuerzo y el trabajo compartido, así como de la participación ciudadana.
Como parte de la Reforma Energética, con modificaciones al Artículo 27 de la Constitución en materia de electricidad, se permite participación de particulares en la generación de energía eléctrica, pero sin otorgar concesiones, y manteniendo en poder de la nación el control del sistema eléctrico nacional.
El componente esencial de la Reforma Energética es un mecanismo de asociaciones público-privadas, con el cual se pretende promover mayor inversión en los sectores petrolero y eléctrico, y mantener a PEMEX y a la CFE como motores del desarrollo nacional, sin tener que ceder la propiedad de los recursos nacionales. Asimismo considera cambios en el régimen fiscal de PEMEX, tendientes a mejorar su situación financiera, fortalecerlo a través de una mayor libertad de gestión, y darle una organización que pueda consolidarlo como empresa estatal productiva y moderna.
En su versión inicial, la propuesta del gobierno permitía contratos con particulares para la exploración y la extracción de petróleo y gas natural, sólo bajo la figura de “contratos de utilidad compartida” (dividiendo las utilidades entre el Estado y la empresa inversora). No obstante, en su versión final se incluye también el esquema de “producción compartida” (en el cual el particular involucrado se queda con parte del recurso extraído del subsuelo), con el objetivo de brindar alicientes adicionales para atraer a las compañías petroleras internacionales.
En esta versión última de la reforma también se establece eliminar a los cinco consejeros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), del Consejo de Administración del PEMEX, con lo cual el número de consejeros se reducirá de 15 a 10, cinco de ellos del Gobierno Federal (incluyendo al Secretario de Energía), y otros cinco “independientes”.
En todo ello queda pendiente garantizar transparencia en los contratos o concesiones, cualesquiera que sea su denominación o forma, de manera tal que efectivamente se preserve el interés público por encima de las pretensiones de las empresas nacionales o transnacionales.
Los opositores a la Reforma Energética han convocado a la movilización popular y demandan una consulta popular para revertir la aprobación de la reforma. Sin embargo, carecen de una propuesta alterna real y efectiva. Tal parece que su opción a la reforma sería dejar en su lugar los yacimientos del Golfo de México, como propiedad de la nación pero sin tocarlos, lo cual nulificaría cualquier proyecto de desarrollo basado en la explotación de la riqueza energética del país. El hecho es que, tal como señala Raymundo Riva Palacio en su columna del pasado 16 de diciembre, “Lo único cierto es la incapacidad de la izquierda para argumentar. No razonaron, defendieron causas. Es decir -añade-, detrás de tanto grito, [pero con su participación en los debates y en las votaciones en el Congreso de la Unión y en los Congresos Locales] proveyeron legalidad y legitimidad a las reformas constitucionales”.
La Reforma Energética es, en efecto, crucial para el futuro de México. De cara a los desafíos del siglo 21, en el apogeo de la globalización de la economía, debe admitirse la necesidad de la revisión absoluta de la política del Sector Energía, porque de ello depende la posibilidad de reavivarlo y recuperar el crecimiento económico. Es necesario tomar decisiones audaces y ensayar nuevos modelos de gestión con el propósito claro de impactar positivamente en el nivel de vida de los mexicanos. Y, en particular, fijar las bases y previsiones para generar opciones de energía limpia y sustentable, en la inteligencia de que los combustibles fósiles son recursos no renovables. En esa medida el debate sigue abierto.
Ciertamente es válida la duda razonable respecto a la reforma: existe la posibilidad de que no se alcance el objetivo trazado, con eventuales costos económicos y sociales para el país; la duda razonable en cuanto a que esta generación de mexicanos esté tomando una decisión históricamente correcta.
La cuestión central es que, con reforma o sin ella, por encima de los intereses del capital privado en este sector, se preserve y aun se fortalezca la soberanía energética de la nación; que se mantenga efectivamente la rectoría del Estado en petróleo, gas y electricidad.
Es deber del gobierno de la República que así sea. Con esta reforma que promovió y ya le fue obsequiada, se agiganta su responsabilidad histórica.
