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miércoles, febrero 4, 2026

La historia de los derechos humanos en Aguascalientes

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“Los hombres son dueños de su propio destino en cierto momento. La culpa, mi querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros”: Shakespeare, en Julio César, acto 1, escena 2.

La lucha por los derechos humanos en México empezó en 1847, cuando en San Luis Potosí surgió la Ley de Procuradurías de Pobres; y ya en el Siglo XX, en 1979 en Nuevo León, la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos.

Poco después, en 1985 se creó en Colima la Procuraduría de Vecinos; el mismo año, la Universidad Nacional Autónoma de México dio vida a la Defensoría de los Derechos Universitarios; en 1986, en Oaxaca, surgió la Procuraduría para la Defensa del Indígena y al año siguiente en Guerrero, la Procuraduría Social de la Montaña.

En Aguascalientes se creó en 1988 la Procuraduría de Protección Ciudadana; en Querétaro, ese mismo año, la Defensoría de los Derechos de Vecinos; en 1989 en Ciudad de México, la Procuraduría Social y la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

El culmen nació en 1992 con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida por Raúl Plascencia Villanueva, presidente además de la Federación Iberoamericana del Ombudsman.

La Procuraduría de Protección Ciudadana de Aguascalientes, dirigida por Luis Fernando Jiménez Patiño desde el 2000, se convirtió en Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en 2003 y fue ratificado su presidente hasta 2006, en acuerdos políticos que aceptó el PRI al PAN en el Congreso.

Jiménez Patiño, antecesor de Omar Williams López Ovalle, expidió en su gestión 335 recomendaciones, en tanto que éste, con mayores recursos y presupuesto, de 2006 a 2010 emitió menos de 150.

Esa fue una de las muchas razones que indignaban a la comunidad. En 2010, opuesto a la reelección de Omar, el abogado Enrique Castro Pérez definió así los primeros cuatro años de ombudsmanía local: “Los medios de comunicación callan las violaciones a los derechos humanos, porque saben que la de Aguascalientes no es una sociedad que ponga el dedo en la llaga”.

Y es que en su V Informe de aquel año, López Ovalle diría haber recibido 25 mil 746 quejas, de las cuales atendió tres mil 112 y emitió sólo 28 recomendaciones.

La relevancia de aquel informe fue que dijo haber realizado una encuesta en la que se detectaron “diversas anomalías” en nueve de las once agencias del Ministerio Público (salvo las 2 y 5), “que pueden ser constitutivas de violación a los derechos humanos”.

Aquella información, correspondiente al último año de la administración de Luis Armando Reynoso Femat, no fue incluida en el informe y se citó una dirección electrónica para consultarla: www.cedh.org./progate/prevTortura/detencion2010.html, que resultó infructuosa e inexistente.

Por su parte, el caso omiso de la LXI Legislatura a las protestas ciudadanas se extiende hasta la anterior, ante la cual el 12 de noviembre de 2009, 17 organizaciones civiles trataron de impedir la ratificación del ombudsman aguascalentense, sin conseguirlo. Aquella fue la primera protesta contra Omar Williams; la última fue el 23 de febrero de 2012, cuando en el salón de plenos del Congreso del Estado, en el marco del VI Informe de Labores del presidente de la CEDH, López Ovalle, la ciudadanía volvió a protestar por la indiferencia ante las violaciones a los derechos humanos en Aguascalientes.

 

Foto: Roberto Guerra

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