Fluyen, como cada año por estas fechas, aplausos por los “compromisos cumplidos”, “metas alcanzadas”, “logros obtenidos”, mientras una parte importante de la población, percibiendo en el desvanecimiento de sus expectativas y en la escasez en sus bolsillos, siente que 2013 ha sido un año perdido en la vida nacional. Desde las esferas del poder gubernamental, sustentándose en un pragmatismo efectista, se justifica la reforma energética como la panacea con la que se pronostica resolver todos los problemas económicos de la nación.
Las expectativas de quienes tienen en sus manos la conducción de la política económica, justificando toda la bondad que tiene el haber traspasado la soberanía sobre los recursos energéticos del país a compañías trasnacionales, desbordan optimismo. Un optimismo basado en la meta por excelencia: el crecimiento económico.
El crecimiento económico, meta y razón de ser de toda política económica para quienes fomentan el actual sistema económico (“esa economía que mata”, según el Papa Francisco I), se mide con indicadores que sirven para justificar su prevalencia y validar su efectividad. No miden ni reflejan lo que el grueso de la población percibe como realidad cotidiana.
Entre los principales argumentos está el hecho de que con el manejo, que -insisten- ahora sí será eficiente, de la explotación de hidrocarburos, habrá más empleo y se mantendrá a raya el crecimiento de los precios. Con la magia de los números, danzan cifras con las que se presumen metas alcanzadas, omitiendo la referencia a otros indicadores que harían seriamente cuestionables los logros obtenidos.
La economía preponderante prevalece sustentada en ocultamiento de indicadores, falsas banderas y cortinas de humo. Cualquier número que en el futuro den a conocer sobre la productividad de las actividades concesionadas a compañías extranjeras será seguramente mejor que la supuesta -pero oculta- productividad de PEMEX.
Otros ejemplos muy utilizados para dar cuenta de la efectividad económica son las metas en cuanto a control de la inflación y reducción en los indicadores de desocupación. Ambas son metas deseables, pero logradas bajo el sistema económico preponderante, se impone al grueso de la población un costo excesivo e indeseable. Los indicadores de resultados como éstos, hechos a la medida para mostrar efectividad de la política e intereses de quienes defienden este modelo económico, ignoran la eficiencia, que se habría de referir al logro del bienestar general.
El país pronto verá en la evolución de su economía lo que, como si hubiese sido “prueba piloto”, se ha obtenido como resultado en lugares como Aguascalientes.
En la pequeña entidad, el “pequeño gigante” le denomina la publicidad del gobierno estatal, se ha emprendido un vigoroso impulso industrial sustentado en inversión extranjera. Durante tres años se ha apostado localmente al crecimiento económico a partir de la donación de terrenos, condonación de impuestos y derechos para atraer al estado a inversionistas japoneses del ramo automotriz. El indicador de crecimiento económico ha reflejado ya un impulso innegable, permitiendo al gobierno estatal difundir que éste es ya superior al crecimiento promedio nacional. También, el índice de ocupación ha disminuido sensiblemente en la localidad, y el crecimiento del nivel general de precios continúa estando por debajo de la media del país. Los pronósticos, consecuentemente, pintan un panorama de eficacia en la política industrial del estado como el que estaremos viendo, gracias a la reforma energética, en la publicidad del país hacia el extranjero.
La otra cara de la moneda se evidencia a través de indicadores de condiciones de vida, percepciones laborales y desocupación. A pesar de registrarse un aumento en la proporción de personas ocupadas, ha aumentado la población en condiciones de informalidad laboral y se han reducido las remuneraciones. En 2013 hay más trabajos, pero peor pagados que a finales del 2009. Más de un millón de personas en el estado, donde moran 1.25 millones de personas, viven por debajo del nivel de ingresos suficiente para una vida digna, cuando hace tres años, quienes estaban en esta condición eran 16.6% menos habitantes viviendo en condiciones precarias. Estos datos, y los que siguen, provienen de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo –ENOE- del INEGI, al 3er trimestre de 2013.
La baja en las percepciones laborales de las personas ha ido acompañada de una cada vez menor proporción de personas laborando en micro y pequeñas empresas, mientras que aumenta la proporción de personas laborando en grandes y medianas empresas. Las grandes emplean mayor cantidad de personas, pero pagan menos.
Al abaratarse la mercancía-trabajo, la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población se ha degradado paulatina y consistentemente, afectando a los oferentes locales de bienes y servicios -micro y pequeños emprendedores-, que con ello pierden su fuente de ingresos. En tres años la cantidad de empleadores ha disminuido a la mitad y los emprendimientos de personas que trabajan por cuenta propia es 8.4% menor; muchas personas consideran como mejor opción ir a trabajar a una empresa grande, con un sueldo bajo, que mantenerse autoempleadas.
Adicionalmente, la población ha desplazado su consumo de productos locales, regionales y nacionales a productos de origen extranjero de bajo precio y de menor calidad. Esto se refleja en una aparente reducción de la inflación.
Otro efecto del impulso industrial efectista es que ya no es suficiente estudiar y educarse para tener una ocupación remunerada. Actualmente la población sin empleo se encuentra formada mayoritariamente por personas que han egresado de la educación secundaria, media superior y superior. A finales de 2013, quienes se prepararon en estos niveles, constituyen el 72.1% del total de los desocupados y subocupados.
Al ver este botón de muestra, ¿por qué habríamos de esperar resultados distintos con una política industrial desnacionalizadora a nivel país? La reforma energética dará pie a fantásticos pronósticos y perorata sobre resultados basados sólo en una parte de la realidad.
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