04/07/2020


Partiendo de la distinción que hace el profesor Avishai Margalit en su obra La sociedad decente, en donde establece que precisamente la “sociedad decente” es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas, poniendo a la misma por encima de las “sociedades moderadas” que son aquellas en donde se busca erradicar la crueldad física, y por debajo de las “sociedades justas” que son en las que se pretende hacer valer el principio de justicia distributiva (distribución de cargas y beneficios a los miembros de una comunidad), es difícil decirlo, pero en México en ocasiones no hemos podido dar ese paso que consolide a nuestras instituciones para dar un trato digno a las personas y lograr tener así la sociedad decente.

Apenas esta semana, el primer día del año para ser precisos, se ordenó la inmediata liberación de Delia Irene Botello Amante, única detenida al día de hoy en el lamentabilísimo caso del incendio de la guardería ABC donde perdieran la vida 49 niños y 76 resultaran con heridas graves.

Más allá de hablar acerca de si se contaban con elementos suficientes para responsabilizar a dicha persona, quien en su momento laboró en la Coordinación de Zona de las Guarderías del IMSS, -desde luego aplaudiendo la aplicación del nuevo sistema de justicia penal que garantiza la presunción de inocencia de las personas hasta no se les demuestre su participación en los hechos que dan origen al delito-, el mensaje que el Estado Mexicano ha dado las víctimas (niños heridos y familiares de los fallecidos) a casi 5 años de la tragedia, es que en nuestro país sigue encendida la llama de la impunidad.

Es de reconocer la labor que realiza la organización “Manos Unidas por Nuestros Niños” que conforman los padres que perdieron a sus hijos, ya que no obstante el tiempo transcurrido y los recursos erogados, no han bajado la guardia, han seguido trabajando para tener respuesta de las autoridades y que si bien es cierto, ninguna respuesta les devolvería lo más preciado que perdieron, ellos mismos se han encargado de investigar los hechos hasta señalar incluso que el incendio fue provocado y que no sólo se trató de negligencias y omisiones, además de mantener el asunto en la luz pública y no permitir que como en otros, el paso del tiempo desvanezca la importancia del mismo.

Las instituciones de procuración de justicia, así como el Poder Judicial en nuestro país, definitivamente no han dado un trato digno a las víctimas de este caso, no han dado resultados que al menos puedan dejar “tranquilos” a los padres porque existan condenas para los culpables, por el contrario, durante un tiempo se afirmó que ya había una persona detenida por su responsabilidad, sin embargo, reciben el 2014 con la noticia de que de nueva cuenta no hay un solo responsable, una sola resolución que les pueda dar la respuesta que buscan.

En conjunto, autoridades y sociedad, debemos seguir trabajando para poder llegar a vivir en el anhelado Estado de derecho, que según el profesor Rodolfo Vázquez debe satisfacer las exigencias al menos de: primacía de la ley; reconocimiento, respeto, garantía y promoción de los derechos humanos; responsabilidad de los servidores públicos; y control judicial de constitucionalidad. Sólo así podremos hablar de un Estado que en la práctica de verdad proteja y garantice los derechos humanos. Más allá del discurso político que tan de moda se ha puesto y al que tanto recurren nuestros representantes en busca de legitimidad.

@OzielGuerrero

oziel.oga@gmail.com


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