- Asunto de conciencia, disminuir accidentes y muertes especialmente de jóvenes
- No hay educación vial; tampoco se trata de ningún enfrentamiento: Muñoz Moreno
La fotomulta que propone el Congreso del Estado a los municipios de Aguascalientes no es una imposición, sino un asunto de conciencia, porque las estadísticas demostraron que reducen los accidentes automovilísticos así como la muerte de mucha gente, especialmente joven.
Así lo afirmaron las presidentas de las comisiones de Transporte Público y de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Lourdes Dávila Castañeda y Anayeli Muñoz Moreno, al responder a periodistas que les increpaban el querer imponer ese sistema en los municipios del interior del estado.
Dávila Casteñeda aclaró que no es que se quieran imponer las fotomultas, “es una iniciativa de los diputados Anayeli Muñoz y Gilberto Gutiérrez, una reforma a varias artículos con el objetivo de generar el marco legal para que, si los alcaldes lo determinan, utilizar instrumentos tecnológicos para prevenir accidentes”.
Añadió que son varios los aparatos que se contemplan en esta iniciativa, como los que detecten excesos de velocidad, “y si alguien se pasa el alto en la madrugada para que pueda ser sancionado por el registro de las cámaras. Incluye también a la circulación en las ciclovías para hacerlas obligatorias en las instancias de educación básica (sic)”.
Ante la insistencia de los medios, indicó la legisladora Lourdes Castañeda, que el PRI no ofreció en su campaña la fotomulta; pero ante la ostensible impericia para ponderar el tema, entró al relevo la coautora de la citada iniciativa, la verdeecologista Anayeli Muñoz, y con más idea aclaró: “La iniciativa ya se encuentra en la Comisión de Transporte, pero quienes la suscribimos no la tuvimos en nuestras propuestas de campaña”.
Agregó que “es un asunto de congruencia de la problemática de los accidentes que se tienen, y nuestro trabajo es tomar cartas en asunto, no cruzarnos de brazos. La oposición de otro partido es porque cree que es ilegal, o buscaban legalizarla; se inconformaron regidores y diputados por los cobros, y que quien utilizaban los dispositivos era una empresa”.
Muñoz Moreno indicó que se busca que sea cada uno de los ayuntamientos quienes determinen en sus políticas públicas si esos instrumentos le son útiles, de acuerdo a sus leyes de Ingresos, por la incidencia de accidentes viales, y cómo podrían ser utilizados, “pero si determinaran no hacerlo tendrían el respeto del Congreso”.
Subrayó: “Respetamos la autonomía municipal, pero es un asunto de congruencia, la protección a la vida. Hoy vemos que es una de las principales causas de muerte para los jóvenes, tenemos que hacer algo; la discapacidad o la pérdida de la vida no sólo se trata de usar dispositivos electrónicos, que se analice y se vea que no es una obligación, ni un enfrentamiento ni un reto”.
Concluyó al afirmar que “la educación vial que se imparte en Aguascalientes es nula, carente, no la hay. Se ha reconocido que con este programa se bajó el índice de accidentes, pero será decisión de cada uno de los nuevos alcaldes”.
Foto: Gilberto Barrón
