Involucrarán priístas a Comisión de Derechos Humanos con municipios - LJA Aguascalientes
28/11/2021

  • La ley faculta al Congreso del Estado a llamar a cuentas a los alcaldes
  • Descubren despidos injustificados y violaciones a derechos humanos de trabajadores

 

El grupo parlamentario del PRI denunció despidos injustificados y recortes de nómina de trabajadores de los municipios, en particular los de Aguascalientes, Jesús María y Rincón de Romos; interpondrá queja ante Derechos Humanos para que emita recomendaciones.

Así dio a conocer la también presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, María de los Ángeles Aguilera Ramírez, quien al dar lectura al posicionamiento de la diputación priísta, recordó que hace 15 días se hizo un exhorto a los ayuntamientos a respetar los derechos laborales de los trabajadores.

Reconoció que en San Francisco de los Romo, Cosío, Pabellón de Arteaga, Asientos, San José de Gracia y Calvillo, “se han conducido respetuosamente con los trabajadores y de acuerdo a las normas laborales vigentes”.

Sin embargo, agregó, en los municipios de Aguascalientes, Jesús María, Rincón de Romos, El Llano y Tepezalá, continúa una serie de irregularidades que afectan a los trabajadores y que van desde desigualdad en la oportunidad del empleo, hasta amenazas y agresiones verbales.

“Estos ayuntamientos deben saber que, además de la legislación local y nacional, están violando disposiciones normativas internacionales en materia laboral. Por ello, se invita a los alcaldes a que antes de tomar decisiones sin fundamento para despedir trabajadores, analicen su desempeño atendiendo a este principio de igualdad y no discriminación”.

Anunció que la diputación priísta solicitará oficialmente una investigación a fondo por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, con fundamento en las adecuaciones al artículo 102, Apartado B, de la Constitución General de la República, en la que se establece “la competencia para conocer de asuntos en materia laboral”.

Destacó que las legislaturas locales están facultades para llamar a las autoridades o servidores públicos responsables de una violación a los derechos humanos, “para que comparezcan ante estos órganos legislativos, a efecto de que funden, motiven y expliquen públicamente el motivo de su negativa a atender una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos”.

 

Foto: Roberto Guerra



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