- La reforma establece que los recursos humanos transitarán directamente
- En caso de haber despidos se recurrirá a los medios legales
Para Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo de la Junta Ejecutiva Local del Instituto Federal Electoral (IFE), la situación actual en la que se encuentran los trabajadores del organismo carece de toda incertidumbre y se encuentra sustentada aún en los planteamientos de la Reforma Política, ya que si bien se transitará del IFE al Instituto Nacional de Elecciones (INE), se establece que los recursos materiales, técnicos y humanos pasarán a formar parte de la nueva organización, quedando pendiente todavía la forma en la que se concretará dicho tránsito.
Actualmente la Junta Local Ejecutiva, dijo, se encuentra conformada por 24 integrantes del servicio profesional electoral y 90 pertenecientes a la rama administrativa, y de la misma manera existen dos mil 400 y 14 mil respectivamente a nivel nacional, por lo que adelantó que si bien los primeros tienen más garantías para continuar en la estructura electoral, los segundos también y lo harán, y de no ser así, cuestión que dudo se manifieste- como toda demanda y derecho laboral, se recurrirá a las herramientas legales necesarias. De presentarse así esta situación, las demandas por despido pudieran efectuarse con toda normalidad, tal y como lo anticiparía por otro lado Georgina Barkigia Leal, presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE).
Por otro lado, Ruelas Olvera defendió la permanencia de la estructura con la que funciona actualmente el IFE, argumentando que la institución ha sido considerada como un ejemplo internacional, vista por el mundo, brindando capacitaciones y compartiendo experiencias con otros países, por lo que advirtió, debería apostársele a la continuidad, sobre todo en materia de educación cívica, donde señaló, que ni la modificación a las leyes, podrá disminuir la labor realizada y garantizar que se siga por ese camino.
Finalmente advirtió que nada está dicho todavía en ciertos aspectos, como la garantía en la conservación de cargos y el hecho de que los legisladores tienen una gran deuda con los ciudadanos, estimando que habrá que esperar el resultado de la aprobación de las leyes secundarias y reglamentarias y la forma mediante la cual generen operatividad.
