La llamada “guerra contra las drogas”, lanzada en la década de los ochenta por el gobierno republicano de Ronald Reagan en Estados Unidos a falta de mejor enemigo, y sostenida hasta hoy por todas las sucesivas administraciones estadounidenses, ha tenido un efecto devastador para México y para otros países de la región; incluyendo un serio y negativo impacto sobre muchos sujetos y colectivos de personas involucradas, como son los agricultores pobres de las zonas serranas más apartadas en Sinaloa, México o el Valle del Cauca en Colombia; empujados a la mayor pobreza por la erradicación de sus cultivos ancestrales o tradicionales y obligándoles además a unirse a las filas de los desplazados internos de cada país. También está el caso de quienes cometen infracciones no violentas relacionadas con las drogas y son encarcelados durante largos años como resultado de políticas penales desproporcionadas. Esto, más la violencia descontrolada, ha conducido así a la conmoción social y al cotidiano abuso de los derechos humanos en México y en mayor o menor medida, el resto de Iberoamérica. Piénsese por un momento en la guerra abierta en la región de Tierra Caliente de Michoacán entre las guardias comunitarias y el cá,rtel criminal de notorios narcotraficantes conocido como “Los caballeros templarios”, escisión de la anterior “Familia Michoacana”, quien a su vez desplazó en esta región hace por lo menos una década a los muy conocidos por sanguinarios “Zetas”.
Por otra parte, las actuales políticas y prácticas de las diferentes fuerzas de seguridad de todo orden, sean civiles o militares; llevan a una discriminación y maltrato sistemático contra las personas que consumen sustancias ilegales, quienes a menudo se encuentran entre los sectores más marginados y estigmatizados de la sociedad. Estos colectivos se ven sujetos a un amplio espectro de violaciones a sus derechos humanos, incluyendo prácticas policiales abusivas, negación de servicios de salud y tratamiento, o encarcelamiento por la simple posesión de estas sustancias prohibidas, a menudo con sentencias penales excesivas.
En el nivel internacional, existen contradicciones e inconsistencias respecto a la aplicación de medidas para el control de drogas y los tratados internacionales de derechos humanos. Pese a directivas emitidas por la Asamblea General de la ONU, que indican que las actividades para el control de drogas deben ser llevadas a cabo de acuerdo a normas y estándares internacionales de derechos humanos. De modo que en la práctica, las severas leyes que criminalizan y castigan la posesión y el tráfico de drogas prevalecen sobre las preocupaciones referidas a los derechos humanos. Sin embargo, las agencias de la ONU y los estados miembro están obligados según la Carta de las Naciones Unidas a promover “el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Más aún, la Carta declara explícitamente que en caso de conflicto entre las obligaciones de los estados contenidas en la Carta y en otros acuerdos internacionales, las obligaciones contenidas en la Carta de la ONU tienen precedencia.
La importancia de los derechos humanos para la implementación de las diversas políticas nacionales sobre drogas fue reconocida por la Asamblea General de la OEA. Garantizar el respeto por los derechos humanos no sólo es lo correcto, sino que las políticas sobre drogas centradas en los derechos humanos también pueden resultar más efectivas para alcanzar la paz social, aunque se trate de una paz imperfecta en muchas ocasiones. Cada vez más los países de Iberoamérica se preguntan por los elevados costos sociales que han pagado librando una guerra que no se puede ganar y que inopinadamente se ha convertido en el desacertado objetivo del régimen para el control nacional e internacional de drogas, que consiste en restringir la producción y el consumo de drogas a toda costa. Pero La Convención sobre Estupefacientes de 1961 declara explícitamente que el objetivo principal del sistema para el control internacional de drogas es la mejora de la salud y el bienestar de la humanidad, y las actuales políticas implementadas en la mayoría de los estados iberoamericanos están fracasando estrepitosamente en ambos aspectos.
Sin embargo, los países de Iberoamérica, y México en especial, podría asumir el liderazgo en el mundo para asegurar que las políticas nacionales, regionales e internacionales para el control de drogas se lleven a cabo en concordancia con el respeto a los derechos humanos de la población que consume drogas y de las comunidades campesinas afectadas por el cultivo de mariguana, cocaína o amapola. Una discusión amplia sobre la adopción de políticas centradas en los derechos humanos y la paz social excede el propósito de estas líneas, pero a continuación se mencionan algunos aspectos importantes:
Reconocer, proteger y garantizar los derechos fundamentales. En especial de los consumidores de drogas y de las personas envueltas en su producción debido a su pobreza. El consumo de drogas debe ser tratado como un tema de salud pública, no como un delito.
Garantizar el respeto por el Estado de Derecho. Las políticas sobre drogas basadas en los derechos humanos precisan que el castigo sea siempre proporcional al delito cometido. En otras palabras, la legislación sobre drogas debe asegurar la proporcionalidad entre delito y pena, distinguiendo entre infracciones de bajo, medio o alto nivel relacionadas a drogas, la función que cumple el acusado en las redes de tráfico de drogas; distinguiendo los delitos violentos y los no violentos y los distintos tipos de drogas.
Promover efectivamente la inclusión social. Tanto los usuarios de drogas como aquellos encarcelados por delitos relacionados a estas sustancias, completan sus tratamientos y cumplen sus sentencias, y salen de sus centros de reclusión con pocas posibilidades de reconstruir sus vidas. Como resultado de ello, la mayoría vuelve al consumo de drogas o a realizar actividades ilícitas. La mayoría de los encarcelados por delitos contra la salud vienen de sectores más pobres de la sociedad. A veces de los más pobres. Y la inseguridad generada por la violencia asociado al tráfico de drogas se concentran en los sectores más pobres de la sociedad. Al final, tratar el tema de las drogas desde un enfoque diferente, pacífico y comprensivo, es tratar el tema de la pobreza y desigualdad social. Algo urgente en México, que es, según diferentes indicadores, uno de los países del mundo donde más se polariza el ingreso, y por tanto, donde más desigual es la sociedad.
Despenalizar el consumo de mariguana y regular su comercio legal. Los consumidores de marihuana constituyen un porcentaje significativo de quienes se encuentran encarcelados por delitos relacionados con drogas. Más aún, los recursos de sectores de aplicación de la ley y de justicia son gastados de manera desproporcionada persiguiendo a consumidores de mariguana. Sin embargo, más de 18 estados de los Estados Unidos han avanzado en este proceso de despenalización. También Uruguay de manera reciente. Ese es el camino de la pacificación social relacionada a las drogas, y no el inverso.
Terminar con la erradicación forzada y promover el desarrollo económico de las regiones productoras de drogas. Décadas de experiencia demuestran que los resultados obtenidos rápidamente con la erradicación se revierten también prontamente, pues los cultivos se trasladan a otras áreas o incluso a otros países. Al tiempo, la erradicación forzada empeora la situación de pobreza para algunas de las poblaciones más marginadas en cada país y genera violencia, conflicto y violaciones graves a los derechos humanos.
Implementar políticas de seguridad pública orientadas a reducir la violencia, y después a minimizarla. Esto es un gran imperativo en el caso mexicano. Las cien mil personas asesinadas en México en años recientes por aspectos relacionados con el crimen organizado, enseñan con claridad que el camino no es combatir la violencia con más violencia. Las estrategias más viables para reducir la delincuencia organizada y la violencia relacionada a las drogas deben pasar por estrategias de combate criminal integrales al modo italiano con los clanes mafiosos, por ejemplo. Las fuerzas del orden y el aparato de procuración y administración de justicia deberían centrarse en la represión y castigo de los fenómenos más violentos relacionados con las drogas, haciendo de los grupos criminales violentos sus principales objetivos.
@efpasillas
