- Padres del menor aprobaron el cambio de plantel, mas no que tuviera problemas de salud mental ni de comportamiento
- Ni el DIF estatal ni el Instituto de Salud o de Educación están facultados para obligar recibir tratamiento psicológico o médico
Retomando el caso del niño de tercer año acusado de acoso escolar en la escuela primaria Benemérito de las Américas, la mañana de ayer las autoridades del Instituto de Educación anunciaron a los padres de familia, que evitaron la entrada a las instalaciones en protesta al acoso que sufrían sus hijos, la no realización de la mesa de diálogo entre el ISSEA, el DIF estatal y el Instituto, debido a que al concluir la protesta del lunes los padres del menor asistieron a las oficinas de Contraloría en donde después de una hora de conversar la situación aceptaron el cambio de plantel.
A pesar de la negatividad de los padres para solucionar el caso con tratamiento médico, el menor estará a más tardar el viernes en otra escuela primaria, la cual no se dijo el nombre por solicitud de los padres.
En suma, los padres del menor aprobaron el cambio de escuela, mas no el que su hijo tuviera algún problema de salud mental ni mal comportamiento, por ello las autoridades se comprometieron a no perder de vista al menor sin esto significar algún tipo de acoso sino sería dar seguimiento a su desempeño en la nueva institución; esto fue para los padres de los niños afectados un “gran alivio” aunque reconocieron que el problema se iría de un lado a otro mientras no se le atienda médicamente.
Por ley, ni el DIF estatal ni el Instituto de Salud o de Educación están facultados para obligar a los padres de familia a que su hijo reciba tratamiento sicológico o médico ya que por ser menor de edad las decisiones las toman sus tutores, sin embargo el resultado podría entreverse en la fragilidad que tiene el IEA ante casos tan sensibles como éste.
Al consultar con un especialista en niños, opinó que la solución no era el cambio de escuela sino que realmente se buscara el punto focal del problema, ya sea médico o familiar, ahora el cambio también puede llegar a afectar la vida y desarrollo del menor pues a pesar de ser acusado de agresividad y mal comportamiento también es víctima de la situación y cuenta con todos los derechos constitucionales para ejercer libre su educación.
Foto: Roberto Guerra
