Tardó el arraigo en desaparecer de Aguascalientes - LJA Aguascalientes
27/02/2024

  • Las investigaciones judiciales ahora deberán ser más contundentes: Juárez Ramírez
  • SCJN tuvo que intervenir; diputados del Verde ya habían tramitado la extinción de la medida

 

 

Desde finales de 2013 las barras de abogados anotaban que el arraigo como herramienta de investigación de las procuradurías estatales debía tener varios meses fuera de circulación, producto de la reforma en Derechos Humanos aprobada el 10 de junio de 2011.

La medida acaba de entrar en observancia local pese a que desde entonces la prisión preventiva quedó prohibida.

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el Artículo 291 del Código Penal de Aguascalientes, numeral que facultaba para arraigar a los acusados de delitos graves.

Enrique Juárez Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Poder Legislativo, dijo desconocer si a la fecha hay personas arraigadas en la entidad. De darse el caso, anotó, procedería la liberación inmediata.

–Para el caso de Aguascalientes es una práctica que ya se había previsto desterrar, está en proceso de entrar en vigor. Con esto se ratifica la intención del legislador en Aguascalientes, ahora habrá que apegarse a evitar este tipo de prácticas.

–¿Entonces el sistema ya estaba preparado para no emplear esta figura?

–Sí, ya se había legislado al respecto, en próximos meses habría de entrar en vigor. Esta resolución se tendrá que acatar de manera contundente en todo el país, y en Aguascalientes por supuesto.


Por mayoría de ministros, la Suprema Corte confirmó que de acuerdo con la legislación vigente los estados no son competentes para legislar en materia de arraigo, tema reservado para el Congreso de la Unión. El arraigo sólo puede ordenarse para los sospechosos de delincuencia organizada.

El diputado priista destacó que ante tal contexto las procuradurías deberán privilegiar sus labores de investigación.

“Ya no se contará con esta posibilidad, por lo cual ahora las investigaciones, de tajo, tendrán que ser más contundentes para ir por los involucrados en la comisión de los delitos”.

–¿Ya tenían conocimiento de que el arraigo era inconstitucional?

–Quizá no inconstitucional, habría que hacer un gran debate, es un tema que otro tipo de comisiones, en las cuales no estoy involucrado, tendrán que definir.

Juárez recordó la comparecencia de Felipe Muñoz Vázquez, procurador de Justicia, acontecida hace unas semanas en el Pleno del Legislativo.

“En ese momento se dijo que Aguascalientes ya estaba preparado para entrar en este escenario. Ahora lo que solicitamos a las corporaciones involucradas es que se respete con firmeza esta resolución, que Aguascalientes no sea una excepción”.

A título personal Enrique Juárez se mostró a favor del dictamen de la corte, pues hay “otros métodos importantes” para combatir el delito.

“Sabemos que a veces era una figura necesaria, pero creemos que se puede suplir con otras estrategias”.

–¿Se abusó del arraigo en Aguascalientes?

–No considero que se haya exagerado en el tema, creo que era una figura dentro del marco legal, la cual se utilizó para sus fines. En consecuencia ahora hay que eficientar otros métodos de investigación y llegar al mismo resultado.

En diciembre de 2012, la bancada del Partido Verde Ecologista presentó una iniciativa para sacar el arraigo del Código Penal.

“Desafortunadamente con mínimos indicios todos somos arraigables por la simple sospecha de estar involucrados en la delincuencia organizada, pero concretamente sin la formalización de una acusación, ni el inicio de un proceso judicial… el objetivo del arraigo no es declarar la inocencia o culpabilidad de la persona, sino privarla de su libertad mientras la autoridad investiga”, se leyó en la exposición de motivos.

El fiscal Felipe Muñoz se caracterizó como defensor de la permanencia de esta medida cautelar, al considerarla como uno de los pilares en la lucha contra el narcotráfico.

A lo largo de 2010 se registraron 26 arraigos en Aguascalientes; sólo cinco sujetos fueron consignados. Para 2011 ya había 180 de estas detenciones. Antes de terminar 2012 ya se contaban 146 arraigos; 90 por ciento terminaron en consignación.

Los promoventes de la extinción del arraigo también señalaron que “la persona afectada queda sin garantías, ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada… El Ministerio Público solicita el arraigo justamente porque no tiene pruebas para acusar, ya que si las tuviera de inmediato solicitaría una orden de aprehensión a un juez; por lo tanto, ese procedimiento aniquila el principio de presunción de inocencia”.

 

Foto: Roberto Guerra


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