- Exdiputado local considera que fue un avance pero todavía faltan algunos detalles para su implementación
- Código garantizaría la uniformidad de los Juicios Orales, el derecho de las víctimas y el debido proceso a los inculpados: Gilberto Carlos Ornelas
- El perredista argumenta que los años 2014, 2015 y 2016 serán fundamentales para el incremento en inversión hacia el Poder Judicial del estado
Hace una semana el Gobierno Federal llevaba a cabo la promulgación del que será el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual fue planteado como una de las tantas Reformas estructurales aprobadas durante 2014 y que pretende dar respuesta a las deficiencias observadas en materia de justicia dentro del estado mexicano.
Al respecto cuestionamos a Gilberto Carlos Ornelas, exdiputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), durante la LXI Legislatura, que viera actividad parlamentaria entre 2010 y 2013, y que concluyera sus actividades apenas el pasado mes de noviembre; quien destacó que si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales trae consigo importantes modificaciones que dan cuenta de que “vamos por el camino correcto”, existen diversas cuestiones que requieren ser pulidas y aderezadas durante los primeros años de su implementación, entre ellas, advirtió, se encuentra el estado actual de la garantía de servirse de Juicios Orales como mecanismo de impartición de justicia, y que desde la perspectiva del exdiputado local, da cuenta de la falta de infraestructura necesaria para su implementación.
Especificó que durante la labor parlamentaria de la LXI Legislatura -a la cual perteneció- el Poder Judicial del estado constantemente manifestó la necesidad de contar con mayores inversiones para cumplir con las modificaciones estipuladas, sobre todo en materia de infraestructura, agregando, que la petición correspondía al hecho de que sólo algunos municipios hayan iniciado a construir o adecuar los nuevos juzgados, por lo que advirtió, el presente año, así como el 2015 y 2016 serán periodos donde obligatoriamente se deberá destinar un mayor número de recursos para el Poder Judicial, presionado por la reciente promulgación del Código.
Con referencia al Código, enfatizó que su avance estriba en evitar visiones particulares o estatales, criterios locales influenciados por las autoridades estatales, por lo que dijo, la homogeneización de la justicia garantizará el respeto a las garantías constitucionales de las personas, además de privilegiar el derecho de las víctimas y asegurar el debido proceso de los inculpados, calificándolo así de manera positiva.
Foto: Roberto Guerra
