Según el World Justice Project, visible en: www.Justiceproject.org (Rule of law index 2014) y realizado por una ONG internacional que mide factores que tienen que ver con la calidad del estado de derecho en diferentes países; que se traduce concretamente en indicadores tales como “la ausencia de corrupción”, “gobierno abierto”, “respeto a los derechos fundamentales”, “orden y seguridad”, “cumplimiento de las regulaciones y normas”, “justicia civil” y “justicia criminal”, el estado mexicano no obtiene más de 6 en una escala del 0 al 10 en ninguno de los mencionados indicadores, donde comparativamente con otros países ocupa el lugar 79 de 99 evaluados, el 12° de 16 países iberoamericanos. En contraste, y como en otros indicadores de desarrollo humano como la educación, a la cabeza de la lista de 99 países aparecen todos los países escandinavos, en este caso Dinamarca. ¿Puede México aspirar legítimamente a ser un país moderno y un socio confiable en el concierto de las naciones con estos resultados en aspectos fundamentales del gobierno y la gestión pública?
Es evidente entonces que con estos preocupantes indicadores -otros de muchos más- como telón de fondo, la cuestión de la legalidad y del estado de derecho no puede ser ni siquiera pasar como aceptables para la nación mexicana, y decir otra cosa sería mentir. Porque es un hecho evidente y cotidiano que la corrupción permea todas las áreas de la vida nacional, y porque como dicen diferentes analistas, legisladores, académicos y organizaciones sociales: las recientes reformas constitucionales no son congruentes entre sí o con el resto del orden constitucional, y tampoco con su regulación secundaria. Por otra parte, las reformas judiciales no son suficientes ni completas y sus impactos en la vida real del país de los mexicanos de carne y hueso (no de los políticos, evidentemente) quedan por verse y por ser evaluadas todavía.
Así las cosas, no es infrecuente saber por los medios de comunicación de sistemas penitenciarios federales en condiciones más que alarmantes, que violan todos los días en todo el país los derechos fundamentales de los condenados, de sistemas penitenciarios locales pauperizados, colapsados y rebasados, y donde permea la miseria humana. Aquí y allá sabemos de jueces de consigna, que en el mejor de los casos venden sentencias a modo y donde rara vez los pobres y los ignorantes alcanzan justicia. Y ejemplos sobran a lo largo y ancho de la lastimada geografía nacional.
Mientras, la plutocracia mexicana y también la extranjera en México -no importa que ahora se les llame eufemísticamente: “agentes económicos preponderantes”- sigue próspera e intocada en sus intereses vitales en una república corrupta a su entera conveniencia, pues así lucran más y mejor en un país de 15 millones de pobres que celebra vívidamente su existencia en las listas de Forbes anuales bien a través de sus célebres delincuentes o bien a través de los monopolios de medios donde aparecen todos los días los reyes midas mexicanos, los jeques de las telecomunicaciones, la televisión, la minería, la banca, el refresco o la cerveza. Así que mientras resolvemos con seriedad el urgente tema de la legalidad y del estado de derecho en este país, lo de mover a México no será más que si acaso, un montón de buenas intenciones.
@efpasillas
