- “Vamos a estar al pendiente para ver qué recurso procede, esto no ha terminado”, apuntó Adolfo Suárez
- El amparo rechazado ya fue revisado por asesores, sostienen que hay agravios contra los derechos electorales y parlamentarios de la bancada
Los asesores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) patentizan que un Tribunal Colegiado de Circuito es un “órgano terminal”, por lo cual no admitirá recursos contra ningún amparo desechado; sin embargo sostienen que los alegatos de los legisladores, en contra de los priistas María de los Ángeles Aguilera y Jorge Varona Rodríguez, así como del grupo mixto (PRI-PVEM), guardan validez.
Este 6 de marzo, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito publicó en su lista de acuerdos que la bancada no podía quedar amparada contra los decretos, atribuciones y derechos del grupo mixto, la Comisión de Gobierno y la mesa directiva del Poder Legislativo.
Dos de tres magistrados determinaron “indubitable la improcedencia del juicio de amparo debido a la investidura que tienen los solicitantes…, la cual deriva de derechos políticos, mismos que no fueron adquiridos por el simple hecho de ser personas, sino producto de su calidad específica de ciudadanos que participaron activamente en un proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado”.
Adolfo Suárez Ramírez, coordinador de los diputados panistas, ha manifestado que el grupo mixto no está conformado por una mayoría absoluta, y que la conservación de los derechos políticos sí es objeto de juicio de amparo. Acción Nacional busca presidir la Comisión de Gobierno durante el segundo año de labor legislativa, proyecto imposible cuando una fracción cuenta con la mayoría de las curules.
En un informe remitido a los diputados del blanquiazul, los asesores indican que los razonamientos del tribunal “son erróneos”, puesto que “los actos reclamados son de naturaleza formalmente legislativa, pero materialmente administrativa, es decir, el contenido de los mismos no es electoral y mucho menos versan o derivan de derechos políticos”.
Insisten en que el amparo indirecto es el medio más eficaz para resolver el asunto.
El magistrado José Luis Rodríguez Santillán fue el único en compartir la visión de los quejosos. Al citar la jurisprudencia 218 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que “cuando junto con la violación de un derecho político se reclamen leyes o actos que entrañen la violación de otros derechos fundamentales (humanos, electorales y parlamentarios), resulta procedente el juicio de garantías”.
María de los Ángeles Aguilera, presidenta de la mesa directiva de la LXII Legislatura, tramitó con éxito una queja contra dicho amparo, desde el 23 diciembre de 2013.
El coordinador Adolfo Suárez mencionó que el tribunal no había estudiado a profundidad el caso. Además de violaciones a los derechos políticos de los siete miembros de la fracción, señaló el equipo de asesoría, con la conformación de un grupo mixto el panismo también fue víctima de inseguridad jurídica, pues la mayoría absoluta en Congreso del Estado precisaría de 15, y no de 14 diputados, como hoy se ejerce.
Por lo pronto la bancada no ha definido qué cause dará al recién desechado recurso RQA 8/2014.
“Vamos a estar al pendiente para ver qué recurso procede, esto no ha terminado”, apuntó el propio Suárez.
Foto: Gilberto Barrón
