- Muchas normas internacionales ofrecen mejores garantías para los derechos humanos
- “No importa lo que diga nuestro Código Civil, ahora vamos a aplicar una norma superior”
Juan Manuel Ponce Sánchez, magistrado numerario del Supremo Tribunal de Justicia, dijo en un foro que la tarea de jueces y organismos de impartición de justicia es el rastreo de los derechos humanos tanto en las leyes locales como en los tratados internacionales.
A invitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dijo a representantes de múltiples organizaciones civiles que el denominado control de la convencionalidad de los tratados internacionales es una de las rutas para privilegiar el ejercicio de los derechos fundamentales.
A finales de los 90, Ponce era juez de lo Familiar. En aquel entonces, refirió, la investigación de la paternidad era una práctica prohibida por la legislación mexicana.
“Me tocó ese primer asunto. A uno como juez le enseñan que hay que ajustarse siempre a lo que dice la norma. En la sentencia yo dije: señora, discúlpeme, pero usted no tiene la posibilidad de investigar la paternidad porque nunca me ha señalado que el menor haya sido producto de una violación, ni tampoco me ha señalado algún documento donde él reconozca la paternidad”.
El magistrado confesó haber sentido satisfacción, pues su trabajo, a pesar de la impugnación y el amparo, fue ratificado por otros tribunales.
“Dije: qué buen juez soy. Pero después me empezaron a llegar otros asuntos vinculados con el mismo tema; entonces hubo algo que ya no cuadraba en mí, había algo que me decía: oye Juan Manuel Ponce, no es correcto, es cierto que la ley lo dice, pero no es del todo justo. ¿Qué está pasando con todos estos niños a los que prácticamente les niegas la posibilidad de tener un padre, de que alguien lo reconozca, y de que puedan ejercer sus derechos como menores?”.
La solución fue localizada en la Convención de los Derechos del Niño.
Refirió que todo juez debe explotar las rutas que encuentre dentro de los tratados internacionales, pues en ese caso “no importa lo que diga nuestro Código Civil, ahora vamos a aplicar una norma superior.
“Cuando hablamos de control de convencionalidad no hay otra cosa que aplicar normas distintas a las normas nacionales, que pueden proteger en mayor medida, y que pueden dar mejores garantías en materia de derechos humanos”.
El ponente aseguró que las reformas federales de 2011 derivaron en que las instituciones concedieran a los tratados el peso que ameritan, ya que en un principio “ni se aplicaban, y segundo, los desconocíamos”.
Añadió que ahora se deben encontrar “mecanismos para proteger los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en nuestra Constitución y en nuestras leyes federales y locales. Cuando una ley local concede un derecho, y nosotros consideramos que nos ajustamos a ese derecho, podemos invocarlo y podemos exigir su cumplimiento”.
Ponce dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se constituye como un medio de control de carácter internacional para hacer valer los hallazgos de los jueces.
“Cuando hablamos del control que deben realizar los jueces, significa que todos jueces tenemos que respetar los derechos humanos consignados en nuestras leyes, consignados en la Constitución, pero también los consignados en los tratados internacionales”.
Destacó que las comisiones de derechos humanos también tienen un papel de primera importancia en la preservación de la materia.
Foto: Gilberto Barrón
