En el marco de la recién estrenada reforma energética, la paraestatal Petróleos Mexicanos -PEMEX-, por encargo de una compañía trasnacional, explota hidrocarburos en el estado de Nuevo León por el método llamado fracking. La técnica fractura hidráulica o estimulación hidráulica, generalmente conocida por el término en inglés fracking, es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo que se encuentran atrapados en el subsuelo. El procedimiento consiste en la perforación de un pozo vertical en el cual, una vez alcanzada la profundidad deseada, se inyectan a presión agua, arena y elementos químicos, con el objetivo de romper o fracturar piedras o lutitas en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo. El gas que se genera, conocido como gas de lutita, gas de esquisto o gas pizarra (en inglés: shale gas), se absorbe y almacena, pero queda en el subsuelo el agua contaminada que afecta los mantos acuíferos. Durante el proceso de fractura de rocas en el subsuelo se provocan sismos de una magnitud de entre 4 y 5 grados Richter, pero en ocasiones pueden llegar a 8 grados.
Con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, PEMEX tiene contemplados, en la franja de la cuenca de Burgos del estado de Nuevo León, unos 10,000 pozos explotados por transnacionales extranjeras. Debido a esta actividad, ocurre una consecuente actividad sísmica entre los municipios de Los Ramones, General Terán y Anáhuac, en un radio de 60 kilómetros a la redonda. Los sismos, afirman los especialistas de la Estación Sismológica de la facultad de Ciencias de La Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León, generan movimientos telúricos, con lo cual un temblor más intenso podría provocar el desbordamiento de la presa El Cuchillo.
En Estados Unidos se estima que la generalización de este método ha aumentado las reservas probadas de gas en un 47 % y en 11 % la estimación de existencia de petróleo. Además, en ese país, en 2012 se crearon dos millones cien mil empleos que contribuyeron con 283 miles de millones de dólares a su economía. La justificación económica es a menudo el elemento central para cegar a la justicia.
La fractura hidráulica es una técnica muy controvertida. El Parlamento Europeo ha recomendado su regulación y que se hagan públicos los componentes que se emplean en ella; el Parlamento búlgaro prohibió su uso en 2012. Los detractores de la técnica aducen la existencia de riesgos como la emisión a la atmósfera de contaminantes, la contaminación de aguas subterráneas debido a la fuga de fluidos de fracturación y por el vertido incontrolado de aguas residuales al exterior. En México, donde no existe regulación en cuanto a las técnicas y materiales de construcción habitacional en pequeños poblados, el daño que causan los continuos sismos es significativo.
A pesar de las continuas protestas de la población de los municipios neoleoneses donde se llevan a cabo las explotaciones de PEMEX, las autoridades municipales y estatales han prestado oídos sordos. No hay marco legal que impida el uso de esta técnica aún cuando se ha documentado la relación directa entre la actividad sísmica provocada y el daño a las construcciones y, por la misma ausencia de legislación al respecto, ni siquiera existe la posibilidad de demandar la indemnización por los perjuicios a la población en general.
El caso es uno más de una enorme cantidad de efectos nocivos que causa la actividad económica de unos sobre el bienestar, el patrimonio y la fuente de ingresos de otros. Lo que en la ciencia económica se conoce como “generación de externalidades negativas”, en teoría puede cuantificarse. Así, habiendo voluntad, es posible determinar una indemnización, o cualquier otra forma de resarcimiento, a favor de quien se ve afectado con el ejercicio de la actividad lucrativa de alguna persona o empresa.
Los pescadores que laboran en el río Pánuco, que corre de suroeste a noreste por los estados de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato y Veracruz, son afectados fuertemente por la contaminación que generan la basura y descargas de aguas residuales. Las grandes cantidades de aceite y crudo que son vertidas por barcos atracados en una de las terminales de PEMEX en la margen maderense provocan que las especies se contaminen o se retiren de las áreas de pesca.
A pesar de haberse presentado ya demandas ante la Suprema Corte de Justicia por la violación de los derechos de los pueblos y comunidades de los estados de Jalisco y Guanajuato, al privarles del uso de agua de su subsuelo por la construcción de la presa El Zapotillo y el acueducto El Zapotillo- Los Altos de Jalisco- León, las autoridades judiciales y administrativas permanecen pasivas.
Además de incidir en el mercado laboral con presión a la baja de los salarios, la presencia de la segunda planta de la empresa NISSAN y subsidiarias en Aguascalientes, afecta el equilibrio ecológico de la región que ha sido calificada como centro de conservación por el convenio internacional de Ramsar (emanado de la convención de 1971 en la ciudad de Ramsar, Irán, por la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional).
Siendo obligación del Estado velar por la justicia al tratarse de la protección de los intereses de la población, la legislación mexicana es a menudo omisa cuando los causantes de las externalidades negativas son entidades de gran poder económico, especialmente si son extranjeras. En materia de externalidades económicas la ley no siempre está acompañada de justicia. La ausencia de marco legal y voluntad administrativa, proviene de falta de educación comunitaria y ciudadanía económica, orillando a la movilización social como medio para lograr justicia.
@jlgutierrez
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