- Los fondos federales habrían ido a parar a un edificio destinado al control de la violencia urbana
- Invirtió en un edificio y no en programas de prevención del delito. El caso amerita indagatoria: Sylvia Garfias
En 2012, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado omitió distribuir un presupuesto de 16 millones de pesos entre las agrupaciones de la sociedad civil inscritas para desarrollar programas de prevención del delito, señaló la diputada Sylvia Garfias Cedillo.
Luego de reunirse con algunos de los afectados, la panista dijo que esta dependencia utilizó la ministración federal en propósitos distintos.
“Esa es una de las grandes dudas, ahorita nos están informando que se ejerció, pero no para lo que fue creado. Las organizaciones presentaron sus proyectos, hay programas federales con recursos de co-inversión, llegan los recursos a las dependencias que competen. El recurso hasta ahí se quedó; no llegó a las organizaciones que habían presentado los proyectos”.
–¿Y no se trata de una malversación de fondos? Finalmente ya había una etiqueta.
–Tendrá que haber una revisión. El problema es que no es la primera vez, ha habido muchos casos en donde pagan las propias organizaciones, tienen requerimientos de Hacienda.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social refirió que hay riesgo de que los representantes legales de las organizaciones enfrenten responsabilidades por las omisiones de “gobiernos que no son tan de buena voluntad”.
La Secretaría de Seguridad Pública, añadió, está obligada a dar a conocer el paradero de este presupuesto.
“A través de 16 organizaciones de la sociedad civil, Gobierno del Estado presentó proyectos para que llegaran recursos de la federación. Fueron 16 millones de pesos los que llegaron a la Secretaría de Seguridad Pública, nunca se entregaron a las organizaciones”.
José Luis Gutiérrez, presidente de Fundación Ahora, anotó que “ellos dijeron que iba a ser para un edificio para control de la violencia”.
Garfias añadió que en agosto de 2012, la LXI Legislatura del Estado aprobó la Ley que Regula las Organizaciones de la Sociedad Civil. Sin embargo el reglamento es tema inconcluso.
El mismo documento otorgaba al Legislativo un plazo de 60 días hábiles para conformar un consejo consultivo -con la participación de ocho miembros de asociaciones civiles-, cuya labor sería la de opinar en torno a las políticas públicas de la esfera.
“Esto ha sido letra muerta hasta la fecha. El acuerdo que tenemos los integrantes de la Comisión (de Desarrollo Social) es entrar a trabajar sobre este tema con la mayor velocidad posible, también hay que crear el reglamento, es una asignatura pendiente de la pasada legislatura”.
Foto: Archivo LJA
