- El intercambio de acusaciones de un partido a otro relegó la agenda legislativa
- Sin trabajar asuntos de cartera; los representantes del PRI, Verde Ecologista y PAN debatieron el escándalo de las mochadas federales
En apego a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado, los integrantes de la Diputación Permanente sesionaron la tarde de ayer para dar inicio a las actividades legislativas en el salón Aquiles Elorduy García; sin embargo se tocaron temas externos, más que los asuntos en cartera.
Por mero acto protocolario, Adolfo Suárez Ramírez leyó con rapidez, y sin mayor interés, dos asuntos en cartera, para posteriormente darle uso de la voz a Enrique Juárez quien nombró la noticia de un periódico de circulación nacional sobre un escándalo mediático por el que se descubre una supuesta red de corruptelas en la gestión y obtención de recursos federales, la cual expone a actores políticos del Partido Acción Nacional y al diputado federal guanajuatense Luis Alberto Villarreal García.
En su opinión, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá de requerir en la brevedad de lo posible el esclarecimiento de los hechos pues podrían ser constitutivos de delitos contra la administración y el patrimonio público tipificados como delitos cometidos por servidores públicos. A su vez sugirió que la Diputación Permanente solicite a la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos (CEPLAP) que confirme si existen asignaciones federales de origen inexplicable en su forma de gestión, o por montos injustificados, conforme a las características presupuestarias de los municipios cuestionados (Aguascalientes, Jesús María y Calvillo).
A fin de que el estado no se dañe aún más en cuanto a la imagen percibida por el resto del país, exhortó a sus compañeros a trabajar en la búsqueda de elementos técnico-documentales para evitar la comparecencia de los involucrados, “evitemos a toda costa que el trabajo de esta Comisión Permanente contribuya a magnificar aún más el escándalo”.
Utilizando el espacio de debate, Anayeli Muñoz Moreno parafraseó una encuesta efectuada en noviembre del 2011 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en donde destaca que el 47 por ciento de los encuestados estaban en desacuerdo con la forma como trabajan los legisladores federales.
Elevando el tono acusatorio, la diputada coincidió en la percepción pues por años se han encontrado a “representantes populares” que han abusado de la confianza de la población corrompiendo su poca ética utilizando los llamados moches en la asignación de los recursos públicos; sin embargo dejó en claro que el espacio de una sesión legislativa no es para denostar a nadie sino para trabajar en la construcción de mejores leyes para el estado, por lo cual exhortó a sus compañeros a no dejar de lado que actos como los mencionados en la investigación del medio nacional, no merecen el más mínimo margen de tolerancia y que deben ser castigados pero con fundamento oficial.
“Este escándalo de las mochadas viene a afectar mucho más la percepción que tienen los ciudadanos hacia los legisladores, por eso, así como Acción Nacional siempre ha pedido una rendición de cuentas y transparencia, ahora se le pide que lo haga efectivo”, el que cada denuncia de corrupción o mal manejo del recurso público por líderes panistas lo manejen como campañas sucias, sólo habla de una falta de congruencia en lo que dicen y en lo que hacen, por lo que en esta ocasión los ciudadanos exigen averiguaciones y, si es necesarios, las sanciones correspondientes.
En respuesta, el líder de la bancada panista, Suárez Ramírez, comenzó con la frase: “Quien afirma está obligado a probar”, asegurando que la información sin sustento aprobatorio tiene tintes políticos con la finalidad de desacreditar a un compañero de partido que aspira a la gubernatura del estado de Guanajuato, por lo que Acción Nacional no dejará de apoyar a sus integrantes por “chismes” políticos.
Añadió que este escándalo obedece a una campaña de difamación y guerra sucia para impedir que esos recursos lleguen a la entidad, principalmente a los ayuntamientos donde gobierna un panista, “solicito que primero se limpie el nombre de nuestro compañero pues no hay prueba alguna de la supuesta mochada ni del mal manejo de los recursos por los alcaldes panistas”.
Continuando con el debate, tanto Enrique Juárez como Anayeli Muñoz defendieron a su compañera de partido Lorena Martínez y Carlos Lozano de la Torre, asegurando que todo el recurso gestionado para los proyectos magnos fue por medio de procesos legales, sin mochadas.
Sin llegar a un acuerdo contundente, se citó a una nueva sesión para el próximo miércoles en punto de las 11:00 horas en las mismas instalaciones, ya con temas legislativos.
Foto: Gilberto Barrón
