Telecomunicaciones: la batalla por la libre competencia / De política, una opinión - LJA Aguascalientes
14/04/2024

Este fin de semana es la fecha límite para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, haga la declaratoria de agentes económicos preponderantes de los medios de comunicación electrónicos; conoceremos la calificación del tamaño e influencia de las empresas del ramo y, por lo tanto, las reglas que les aplicarán y que deberán cumplir en la transformación y modernización de las telecomunicaciones.

Es oportuno recordar, también, que en este fin de semana Ifetel ha emitido y publicado en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria para la licitación de nuevas concesiones de frecuencias de televisión abierta; el marco político que ha contextualizado, de manera particular, esta reforma constitucional, envuelve uno de los tres grandes aspectos que estuvieron presentes en la elección que le dio el triunfo al ahora presidente Enrique Peña.

Las telecomunicaciones en México son el tercer mercado de más concentración, superado sólo por las industrias del petróleo y de la generación de electricidad (de acuerdo a la información de la Comisión Federal de Competencia Económica, LJ, 24 febrero); circunstancia que fue aprovechada en los medios electrónicos para manejar la orientación política y electoral, a favor de Peña. Los otros dos aspectos fueron la falta de transparencia en la información financiera de campaña y la consecuentemente corrupción de las aportaciones de dinero.

El punto importante, en el plano político, está siendo que, son precisamente estos tres aspectos los que se convirtieron en grandes temas para las reformas constitucionales, y de esta manera, la mejor estrategia para dejarlos en el pasado; incluso, en la reciente iniciativa, muy aplaudida por los partidos políticos, para que la compra de espacios en radio y televisión sea causal de anulación de la elección, el presidente de la república la está proponiendo para el sólo y exclusivo tiempo de la campaña electoral, dejando fuera el tiempo precedente (que es donde realmente importan tanto el control de los medios, como la publicidad y propaganda de los aspirantes a las candidaturas).

El fondo de estos temas y reformas constitucionales, lo podemos circunscribir en el ejercicio efectivo de la libre competencia -con la aclaración de que libre competencia no significa ausencia de reglas para su regulación-; el espacio de las telecomunicaciones constituye uno de los últimos que se incorpora a la moderna competencia en la vida de la sociedad (otro de estos espacios está siendo el de la competencia política, en que el país avanza con muchas dificultades).

En las telecomunicaciones, particularmente en televisión, la batalla por la libre competencia ha sido mostrada por las controversias sostenidas por Televisa y Televisión Azteca, con Dish, MVS y Telmex; entre otros aspectos, la batalla puede explicarse en dos: la dominancia del mercado para las ganancias y utilidades, siendo el mayor aspecto y, el segundo, la preponderancia en el modelo informativo de noticias.

La importancia del segundo aspecto, tiene implicaciones necesarias para los empresarios de las telecomunicaciones y sus empresas; por un lado, la facilitación de la actividad misma, por la cercanía al poder político, con las nuevas opciones económicas que puedan lograr. Y, por el otro, que es redundante, por la dominancia del modelo informativo que les permite la alimentación de una opinión pública en el mercado nacional, con una determinada orientación política, que consolida la cercanía a ese poder (como sucedió en los años anteriores al 2012, para apoyar al partido amigo a regresar al poder, y que sigue sucediendo ahora, para sostener y reforzar una determinada opinión respecto al presidente de la república y su gobierno).

La batalla por la libre competencia tuvo un episodio importante cuando Televisión Azteca denunció a la empresa Dish por estar retransmitiendo sus canales 7 y 13, sin pagar derechos; la justificación del litigio fue el recurso a la violación de los derechos de autor, dejando en un segundo plano la letra de la constitución en su punto referente. Finalmente, el Ifetel resolvió que tanto los canales señalados de Azteca, como el 2 y el 5 de Televisa, tienen más del 50 por ciento de la cobertura nacional, por lo que dichos canales deben ser retransmitidos por las empresas de televisión restringida (LJ, 22 febrero).

En el mismo escenario de batalla, Televisa sostiene la controversia con Dish-Telmex aduciendo que ésta tiene inversión en la empresa de televisión satelital, por lo que viola la constitución y se le debe cancelar su concesión; la respuesta tanto de Dish como de Telmex, va en el sentido de que los contratos que han firmado, han sido conocidos por las autoridades responsables, y que no existe inversión de por medio entre ellas (recordemos que cuando Televisa invirtió en Iusacell, la comisión de competencia calificó de procedente la alianza, separando el campo de la telefonía, que es el beneficiado para la competencia con Telcel, de la televisión).


En este panorama, el resultado ha sido, como lo informa Dish, que los precios de la televisión restringida -o de paga-, en general han disminuido un 44 por ciento (inserción en LJ, 3 marzo); es una consecuencia que lleva directamente, tanto a incrementar la competencia de las empresas del sector -donde una mayor cantidad de hogares puedan tener acceso a esta televisión-, como a la disminución de ganancias de Televisa, que afecta sus expectativas de negocios.

El punto delicado del presente escenario, tiene dos vertientes: la primera es que las empresas dominantes, como son Televisa y Televisión Azteca, recurran a engaños informativos y jurídicos en sus espacios noticiosos; y la segunda, es que las autoridades que tienen la responsabilidad de regular la libre competencia, cumplan con la encomienda constitucional, sin prestarse a los engaños de las televisoras.

En las leyes secundarias de la materia, iniciativas que el ejecutivo federal está retardando su envío al congreso de la unión -y los legisladores se están ateniendo a las iniciativas del ejecutivo-, observaremos el real espíritu del gobierno federal, si se inclina en uno u otro sentido.

 


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