- Hubo nerviosismo en el sector empresarial de Aguascalientes
- La SHCP cierra puertas al dinero negro y PGR se los arrebata
Hubo nerviosismo en el sector empresarial por la investigación del Gobierno Federal (SHCP y PGR) sobre nexos con el crimen organizado, que en el último año derivaran en aseguramientos de bienes malhabidos en otras ocho entidades y el Distrito Federal. El año pasado, la Comisión de Desarrollo Económico de la LXI Legislatura local tuvo conocimiento de indagaciones de las autoridades hacendarias en Aguascalientes, en busca de “peces gordos” involucrados en los negocios de la delincuencia organizada. No fue hallado uno solo hasta el momento, a pesar de que se sospecha que aquí se encontraban algunos de los 203 individuos de 242 empresas, relacionados con las actividades de Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, se han encontrado y asegurado una veintena de inmuebles en los estados de México, Jalisco, Morelos, Baja California, Sonora, Tlaxcala, Chihuahua y Nuevo León, así como la Ciudad de México; y también difundido los nombres de los empresarios involucrados con los cárteles y las bandas, autoras de los más sonados casos criminales de los últimos años. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, anunciaría en Estados Unidos el pasado 14 de abril, que México elaboraría su propia lista de personas o empresas vinculadas al narco y al terrorismo, a fin de bloquearlas para impedir participar en el sistema financiero. Aquella ocasión diría que se daría a conocer esa lista “en los próximos días”, y advirtió que tomaría datos de la Organización de Naciones Unidas y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos, conocida por la OFAC, por sus siglas en inglés, con cuya instancia el funcionario mexicano firmó un acuerdo de colaboración. Videgaray explicó a las autoridades estadounidenses que dicho acuerdo está facultado por la Reforma Financiera y que la lista impedirá a cualquier intermediario hacer transacciones con quienes aparezcan en ellas. Puntualizaría: “A partir de ahora, y así se mantendrá de aquí en adelante, cualquier personas o empresa que aparezca en la lista de OFAC o en la lista de la ONU, estará impedida para realizar operaciones con bancos, casas de bolsa o cualquier institución del sistema financiero regulado por la Secretaría de Hacienda”. En aquella ocasión, el funcionario también anunciaría la inminente difusión del primer comunicado financiero en ese sentido, “y eso es parte de lo que acabamos de hablar con el secretario del Tesoro (de Estados Unidos, Jack Lew)”, precisaría Videgaray. Al respecto, la OFAC ha enlistado en su lista negra en la última década a más de mil 300 empresas vinculadas a 103 narcotraficantes, por ejemplo, Arnoldo Villa Sánchez, ligado al cártel de los Beltrán Leyva; los hijos de Rafael Caro Quintero, Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Henoch Emilio y Mario Yibran, así como su esposa, María Elizabeth Elenes Lerma; y la gasolinera ECE Energéticos, S.A. de C.V., la comercializadora de productos de baño y belleza El Baño de María, S. de R.L. de C.V., la distribuidora de zapatos Pronto Shoes, S.A. de C.V., y el centro recreativo Hacienda Las Limas, S.A. de C.V. Este jueves, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto sobre las nuevas medidas de la SHCP para la prevención y el combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, con el fin de identificar y conocer a los clientes y usuarios de las instituciones de crédito. Los bancos tendrán que emitir registros y conservar, por un periodo no menor a diez años, los reportes de operaciones relevantes que se hayan realizado en efectivo. En 2009, el Congreso aprobó cambios propuestos por la administración de Felipe Calderón a la Ley Federal de Extinción de Dominio, gracias a los cuales la PGR ha iniciado desde entonces el litigio por la incautación de los bienes del crimen organizado.
Foto: Archivo LJA
