Diálogo de transparencias / Opciones y decisiones – LJA Aguascalientes
17/09/2020


Bosques de cristal de sonido, bosques de ecos y respuestas y ondas, diálogo de transparencias

Octavio Paz, El cántaro roto (Libertad bajo palabra, 1949)



 

El poeta explica la distinción entre el lenguaje hecho no de palabras sueltas, sino de frases, que siempre pueden explicarse por otra frase, a este hecho de la historia y de la sociedad le llama “un querer decir”, que permanece revisable, sustituible; en cambio el lenguaje de la poesía es un “decir” insustituible, irrevocable, en esencia es inexplicable, no necesita de frases alternativas, dice lo que dice, dice lo que es.

Ascender a esta fuente primordial de la palabra, nos ayuda a comprender que sí importa, y mucho, la distinción real entre “querer decir” / y “decir” lo que es. Esta oposición fundamental entre los dos modos de decir, posibles, sitúa necesariamente al lenguaje como el mediador indispensable de la historia y de la sociedad con el ser de las cosas, son o no son esto o aquello.

Dicho lo cual podemos evitar la patológica y demencial confusión del lenguaje político, sobre todo cuando busca intencionalmente la indefinición, la ambivalencia de las palabras que pronuncia. Para los actores políticos, actantes -diría la Semiótica-, el recurso a los términos equívocos es la mejor opción para enmascarar la realidad y, por tanto, para hacerla opaca, turbia, intraspasable, ilegible, inentendible, incomprensible, eternamente revocable, sustituible.

Este y no otro modo de decir las cosas es lo que hace del decir político un lenguaje que, aparte de siempre “querer decir”, es un decir para enmascarar algo, la realidad; efecto que elevado al nivel del conocimiento crítico-racional hace opaca, ensucia, enturbia el diálogo con verdad, el diálogo de verdad, la verdad del decir de los dialogantes. De ahí la importancia suma de la búsqueda por la transparencia.

En México, estamos asistiendo a una re-edición de instituciones políticas tan fundamentales como el ahora existente Instituto Nacional Electoral que reemplaza al IFE y los órganos estatales que gravitan en torno a él; mismos que a partir de ahora deben ser refundados, para estar ahora más cohesionados al centro orbital del INE y, todo ello, con el propósito de hacer “más transparentes”, creíbles y aceptables, las formas y los modos de hacer elecciones. Por el IFAI, cabe lo mismo. Ya era el Instituto Federal para la Transparencia, por excelencia, pero hubo que re-editarlo para re-funcionalizarlo y sí, pretender volverlo aún más transparente; sobre todo en el modo de constituir su consejo ejecutivo que, al final, no es sino pequeña cúspide del iceberg que oculta una gran masa de funcionarios y empleados de todo tipo, para garantizar a los ciudadanos que el complejísimo encuadre de dependencias gubernamentales, de los tres órdenes de gobierno, se haga cada día más visible, más creíble, más transparente a la ciudadanía.

Situación en la que, tanto los actores gubernamentales como del sector privado dominantes -o sea, los poderes de facto– ensayan de re-transparentar las políticas, los usos y las prácticas del “querer decir”, siempre preventivo, precautorio, provisional, para enmascarar la verdad de auténtico “decir” simple, llano, a secas, lo que es. Un actuar e intervenir en la vida ciudadana, nada menor y, por tanto, de suma importancia para la garantía y la consolidación de la democracia, todavía en caminos intermitentes de consolidación.

Si esto ocurre en el ámbito federal; más apremiante y opresivo se hace en el ámbito de lo local, sobre todo cuando esta especie de los órganos, de o para la transparencia, campean por su borrosa opacidad o simplemente se desarticulan y desaparecen, sin advertir siquiera que ya fueron conquistas y adquisiciones sociales emergentes de una historia y una sociedad que por intrínseco deber cívico y democrático debieran permanecer, desarrollarse, fortalecerse, consolidarse; y no “administrarse” como entidades perdibles, declinables, dimitibles, extinguibles -al gusto del gobernante en turno.

En Aguascalientes, tuvimos por tres años la gracia de un Observatorio Ciudadano Municipal, probablemente imperfecto, como tantas otras instituciones sociales e históricas nacientes; que, al fin y al cabo, concitó y concentró a una gama variadísima de organizaciones no gubernamentales o de índole como sociedades civiles. Sí, fue un organismo variopinto en cuanto a temas y objetos sociales a observar, visualizar, auditar; pero, indiscutiblemente de una participación ciudadana organizada, inédita. Su integración se vivió como auténtica fiesta popular, provocó una confluencia del interés primordial de saber y sentir una cohesión social en torno a preocupaciones y tareas comunes consideradas apremiantes, ineludibles, viables.

Ese ejercicio produjo resultados, a la mejor inesperados, pero esperanzadores y tan reales como una auditoría ciudadana, en tiempo, forma y sitio reales, con base en un sistema de observación sumamente cuidado, meticulosamente articulado y escrupulosamente aplicado a todas y cada una de las instancias de gobierno municipal; se puso en blanco y negro un completísimo -como nunca había habido en la ciudad de Aguascalientes- Programa de Mejora Continua para el aparato de gobierno del municipio capital. Refiérase si no a los múltiples reconocimientos nacionales e internacionales que mereció este ejercicio intensamente arropado por la participación ciudadana. Y, luego, vino la sucesión política, la cancelación, la extinción del órgano. ¿Qué pasó?

Algo huele mal, pero no se ve, se oculta bajo la sombra. La existencia o inexistencia del órgano que fuera de transparencia se ha enmascarado dentro de un eje de gobierno que pretende garantizar la rendición de cuentas gubernamental y, por tanto, de su transparencia operativa y organizacional. Una especie de concesión al derecho de la información ciudadana, que también es un derecho humano inalienable e irrenunciable. En mi opinión un desencuentro con la participación ciudadana genuina, y peor aún su desaliento, su control interesado, su desactivación funcional. Ocurrió lo que dice aquel ominoso cantar: “… los mariachis callaron”.

Lo que queda a las organizaciones vivas de la sociedad es a no desperdigar su interés público y su derecho humano universal de ser transparentemente informada por sus gobiernos, partiendo desde lo local. Las reformas constitucionales no deben ser un acto pasivo de la sociedad, por el contrario deben ser impulsadas activamente desde la auténtica base social que ellas mismas conforman. No basta el “querer decir”, hay que decir lo que queremos ser, y punto. Es el derecho príncipe, no negociable.

 

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