- Las atribuciones ministeriales otorgadas al Servicio de Administración Tributaria atentan contra las empresas
- Hostigan a empresas al poder intervenir cualquier cuenta bancaria para obligar a pagar impuestos
Con relación al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite intervenir las cuentas bancarias de deudores del sistema hacendario mexicano, el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCE Ags) señala que esa medida hostiga y atenta contra el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.
En comunicado de prensa, el presidente del CCE Ags, Miguel Ángel Godínez Antillón, comentó que todo micro, pequeño y mediano empresario, que por condiciones económicas de competencia nacional, desaceleración económica, crisis global, deslizamiento incontrolable del dólar, contracción del mercado mexicano, crecimiento de la inflación o cualquier otra situación de la que el sector productivo se ve impactado gravemente, y que por ello, no es posible pagar los impuestos con oportunidad, y tal como lo obliga la nueva Reforma Tributaria para cada empresa, de tener una cuenta bancaria, entonces, sin consulta o notificación previa, los capitales existentes en la cuenta bancaria, serán retenidos en tanto el empresario resuelve el pago de su rezago administrativo.
Argumentó el organismo que se afecta a los empresarios que “pagan la nómina exquisita de funcionarios públicos, que pagan muy caro impuestos, servicios, multas y recargos, lo mismo por servicios y trámites gubernamentales que por compras, rentas, créditos y servicios privados” y que, además, deben soportar la tolerancia hacendaria y gubernamental al sector informal y la impunidad con la que trabaja y se adueña de los espacios públicos.
Compara el trato que reciben los funcionarios públicos y gobernantes, a quienes no se les intervendrá su cuenta bancaria para responder al pedimento oficial de pago al fisco, mientras que a los empresarios se les obliga a “conciliar cada peso de ingreso con cada centavo de gasto, como si ser empresario fuera un delito a perseguir indefinidamente, dando cuenta mensual y anual al sistema tributario”.
A nombre de los empresarios de Aguascalientes, Godínez Antillón señaló que al haber otorgado sin restricción atribuciones ministeriales y libertad plena para intervenir cuentas bancarias y someter a investigación a cualquier empresario precisando condiciones de prácticas no seguras en la Ley Antilavado para su persecución injustificada, hace de la vinculación empresarial con el SAT, una relación perversa y ventajosa condenada a limitar el emprendedurismo y a desaparecer la vocación de empresa.
En ese sentido, el Consejo Coordinador Empresarial condenó enérgicamente las prácticas de persecución y la atribuciones ministeriales que se le han otorgado al SAT, motivo por el que estarán al pendientes todos los Organismos Empresariales de Aguascalientes de las acciones atentatorias en contra de la empresa micro, pequeña y mediana que sea hostigada para emprender las acciones legales e interponer los instrumentos necesarios para hacer valer el derecho y la seguridad de las empresas en el estado.
