- Sorprende la ausencia de destinatarios adecuados de apoyos agrarios: ONU
- En 2005 el 10% más rico recibió el 45% de los recursos de Procampo
En su última relatoría especial sobre el derecho a la alimentación en México, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) refiere el desorden existente en torno al Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) y otros programas encaminados a desarrollar el área agrícola.
Una de las primeras advertencias no es nueva. Señala que como punto de partida los gobiernos deberían especificar quiénes son los beneficiarios de sus apoyos.
“Los instrumentos actuales todavía dejan mucho margen para que los diversos grupos de interés obtengan recursos públicos ejerciendo presión política”. En segundo lugar, añade la ONU, “la mayoría de los programas agrícolas no tienen a los pobres entre sus destinatarios: en su conjunto, el gasto público en agricultura es muy regresivo”.
Entre 2000 y 2011 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación experimentó un alza presupuestal considerable. Inició el decenio con 47 mil 900 millones de pesos y lo terminó con 73 mil 900.
“El relator especial está sorprendido por el contraste entre la ausencia de destinatarios adecuados de las políticas agrarias y la gran cantidad de destinatarios específicos de las políticas sociales: más del 95% del gasto de los programas sociales está destinado a los pobres, mientras que esa cifra es de menos del ocho por ciento en el caso del gasto de los programas agrícolas”.
Se menciona que el 80 por ciento de los agricultores mexicanos posee menos de cinco hectáreas, por lo cual “parecería deseable” la asignación de mayores recursos a los campesinos de las comunidades más desprotegidas.
Estudios recientes indican efectivamente que las políticas agrarias favorecen a los estados, los municipios y los productores o las familias más ricos:
En 2005 los seis estados más pobres obtuvieron sólo el siete por ciento del gasto público total en agricultura, a pesar del hecho de que en ellos vivía el 55 por ciento de la población más pobre. Los estados pobres, como Chiapas y Oaxaca, obtienen sólo una décima parte del apoyo per capita que reciben los grandes estados agrícolas de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y Sonora.
“En 2006, el 70% de los municipios más pobres recibió sólo el 40% del gasto de Procampo y el seis por ciento del Ingreso Objetivo. El efecto de las políticas agrarias en los productores y las familias es tan regresivo como el que se constata en los planos estatal y municipal. En 2005, el diez por ciento de los productores más pobres (en términos de tierras) recibió un 0.1% del Ingreso Objetivo, mientras que el diez por ciento más rico recibió el 45% de la ayuda de Procampo, el 55% de la Alianza PDR, el 60% de las subvenciones en las esferas de la energía y los recursos hídricos y el 80% de las transferencias del Ingreso Objetivo”.
En la relatoría, la ONU recomienda al estado mexicano que “un órgano independiente” como la Comisión Nacional de Derechos Humanos supervise la aplicación de las estrategias de combate a la pobreza alimentaria.
Para cumplir con los artículos 2 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, añade, el país debería dedicar el máximo de los recursos disponibles a lograr progresivamente la efectividad del derecho a la alimentación.
“Además de la distribución más equitativa del apoyo, los pequeños agricultores pueden ser los principales beneficiarios de las inversiones en determinados bienes públicos que les permiten superar las desventajas derivadas de la falta de economías de escala”.
