- Fernando González encontró un camino allanado para continuar como presidente del STJ
- La bancada nunca recibió presiones del Ejecutivo, señaló Cuauhtémoc Escobedo
A las 10:00 de la mañana, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática daba por sentado que el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sobre la reforma al artículo 52 de la Constitución local sería discutido en la sesión de las 11:00.
El documento tardaría en llegar al Pleno, pues los impulsores del alargue de cuatro años en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), en la persona de Fernando González de Luna, no amarraron el mínimo de 18 votos.
Durante la conferencia de las 10:00, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, coordinador perredista, lamentó que el órgano dictaminador hubiera trabajado en fast track, con motivo de “allanar el camino al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que, como una bendición del Legislativo”, ostentara el cargo por un cuatrienio extra, sin necesidad de ser reelecto por sus compañeros magistrados.
El dictamen que presumió llegaría a la sala de votaciones, dijo, eliminaba los procesos de evaluación al desempeño del titular del Poder Judicial. Consideró que once días resultaron insuficientes para agotar el estudio del dictamen que presentaran los diputados priistas Luis Fernando Muñoz, Ángeles Aguilera y Juan Manuel Méndez.
“Modificar el 52 constitucional representaría atentar contra la autonomía del Poder Judicial, puesto que legalmente los magistrados tienen el derecho constitucional de valorar la pertinencia de reelegir por un periodo más a su presidente. Son ellos los que deben decidir y no el Poder Legislativo”.
Afirmó que dicha reforma invadiría esferas competenciales, pues sus promoventes son miembros del Congreso, y los magistrados del Supremo Tribunal nunca solicitaron una adecuación a sus leyes internas.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales turnó el producto de su labor a los 27 diputados. Escobedo manifestó que el documento incluso contenía varias contradicciones, por lo cual la bancada estaba dispuesta a votar en contra.
“Caen en contradicción cuando en el dictamen mencionan que fueron analizadas las opiniones de los magistrados, pero en su resolución no las toman en cuenta, se aferran a la posición unidireccional de los promoventes”.
El perredista añadió que “se contradicen porque en varias partes del dictamen intentan resaltar la importancia del Poder Judicial en su conjunto, en el proceso de transición al Sistema de Justicia Acusatorio y Adversarial, pero circunscriben el éxito sólo a una persona… No se encuentra por ninguna parte un argumento que permita pensar que se trata de una reforma necesaria”.
Consideró que la propuesta de reforma podría desencadenar una crisis institucional en Aguascalientes, a raíz de la intromisión del Legislativo en el Judicial.
El coordinador aseveró que el grupo parlamentario nunca fue presionado para asegurar que su voto correría a favor de la reforma.
Las decisiones se tomaron “en la intimidad” de la bancada, “sin chantajes ni insinuaciones del Poder Ejecutivo. No recibimos una sola llamada”.
Pie de foto: “No se encuentra por ninguna parte un argumento que permita pensar que se trata de una reforma necesaria”
