- La comisión de Recursos Hidráulicos celebra la inversión para concluir el PIMOH aunque los problemas seguirán si CAASA sigue violando la ley
- El exhorto presentado por Jesús Rangel de Lira será votado hoy en sesión del Pleno adelantada
Tras el anuncio de la nueva inversión que efectuará el gobierno de Antonio Martín del Campo para la conclusión del Plan Integral de Mejora de Operación Hidráulica (PIMOH), que fue iniciado en la administración pasada por Lorena Martínez Rodríguez, integrantes de la Comisión Legislativa de Recursos Hidráulicos celebró la continuidad del programa ya que el tema del agua no debe incluir intenciones partidistas ni quedarse en un discurso de campaña.
Para Anayeli Muñoz, el tema del agua no es una cuestión de uno o dos años sino de un largo trabajo de seguimiento y continuidad, “en ningún momento se dijo que cuando acabaría la administración los problemas del agua se terminarían, esto es un proyecto de mediano y largo plazo”; al interior de la comisión ya se había dialogado la situación del PIMOH y la necesidad de que el alcalde capitalino no lo dejara a la deriva.
A su vez, el presidente de dicha comisión, Jesús Rangel de Lira, coincidió en que este programa es de gran relevancia para ir fortaleciendo la red de distribución, sin embargo el tema de la mejora del servicio tiene que ver más con las actitudes deshonestas que ha estado teniendo la concesionaria (Proactiva Medio Ambiente CAASA) con la violación sistemática de la Ley del Agua y del título de concesión, “eso es lo que verdaderamente preocupa porque representa a una pésima atención y servicio a los usuarios”.
El problema de raíz, según el diputado, es que el municipio quien es el encargado de regular las obligaciones de CAASA a través de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado (Ccapama), ha mantenido una omisión de hacer una verdadera regulación ya que Ccapama se escuda con el argumento de sólo tener facultad de emitir recomendaciones, “de esta manera alude las responsabilidades que tiene de regulación e inclusive de sanción”; Rangel de Lira aseguró que por ley la comisión sí tiene la facultad de sancionar el algún momento a la concesionaria por incumplimiento en el título de concesión, sobre todo en la cobertura pues aunque tendría que estar con un 75 por ciento mínimo de cobertura en el servicio, sólo ofrece el 65 por ciento, lo cual afecta de manera grave al usuario pues ellos aunque no tienen una regularidad en el servicio, están pagando el promedio general.
De ahí la solicitud de su exhorto presentado en la sesión del Pleno pasada, en donde se busca obligar al Inagua a evaluar a CAASA por las múltiples irregularidades que presenta el servicio; en él manifiesta que la concesionaria está sistemáticamente entregando una menor dotación de agua a los usuarios, pues diez metros cúbicos que entrega por mes en los hogares son insuficiente y nada comparado a lo que se indica en estándares internacionales y en la propia Conagua, “ellos indican que son 150 litros diarios por habitante y en un hogar de cuatro personas, que es el promedio en Aguascalientes, los diez metros cúbicos no es nada”.
Justamente en el tema del exhorto, el legislador añadió que gracias a la sensibilidad que han manifestado el resto de sus compañeros de legislatura el documento subirá a tribuna hoy en la adelantada sesión del Pleno para ser votada, aunque no se atrevió a asegurar su aprobación, dijo contar con la confianza de la integridad de los diputados y su interés por el mejoramiento de los servicios públicos en el estado.
Una vez que se vote y que en su caso se apruebe, la ruta a seguir comienza con la plática en Inagua y CAASA a fin de aprovechar las facultades del instituto y se indague más a profundidad los datos más preciso y los alcances de las irregularidades que la concesionaria ha cometido; posteriormente se analizará la ley y el título de concesión para hacer un balance y la Comisión Legislativa de Recursos Hidráulicos procese la información para llevar un dictamen al Pleno y determinar ahí en qué sentido, eventualmente, se modificaría la ley para forzar a la concesionaria a otorgar un buen servicio y facturación justa.
