- El académico César Astudillo advirtió de lo difícil que sería revertir sus efectos, consideró necesario hacerla exitosa
- Los legisladores no se dieron cuenta de lo que aprobaron, afirma el especialista en materia electoral
La Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el estado, se convirtió en el escenario donde César Astudillo Reyes, catedrático investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se dispondría a enunciar las principales características de la Reforma Político Electoral que fuera aprobada en el presente año, destacando los claroscuros que se extraen de ésta, considerada como inacabada por los temas pendientes que dejó así como la incertidumbre que ha provocado en ciertas circunstancias.
Ante un importante número de integrantes del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes, así como actores del ámbito político y académico, Astudillo Reyes se dispuso a realizar una básica explicación del contenido de la nueva normativa, destacando sus principales aciertos pero siendo más crítico en las deficiencias identificadas.
Señaló que el planteamiento fue producto de una mínima deliberación, siendo poco discutida en un tiempo muy corto, condicionada por la premura de discutir la Reforma Energética y dar celeridad a los temas de la agenda legislativa, quedando pendientes una importante cantidad de temas como la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional que establece los parámetros para el uso de la propaganda gubernamental, por lo que consideró, son los mismos actores políticos quienes no quieren que se regule dicho actuar.
Sobre el contenido de la reforma, el académico de la UNAM expuso que “el INE no tiene claras las soluciones a todos los problemas”, y añadió: “El cambio ha sido tan drástico que para 2015 a través de las elecciones federales y en los estados, se dará un cúmulo de información como una prueba de laboratorio, de cara a la elección de 2018, teniendo los años previos para realizar ajustes”.
Sobre el objetivo de elevar la calidad de los procesos electorales, César Astudillo no negó que exista un déficit que no fue resuelto en la Reforma de 2007 y tuvo que ser planteada ahora en 2014, con condiciones similares, producto de procesos electorales previos como el de 2006 y 2012, donde los partidos y parte de la sociedad no quedaron conformes. Sin embargo argumentó que la de 2014 ha sido más amplia y procura algo que pudiera ser benéfico, como es la estandarización de la calidad democrática en los estados, lo que pudiera estar determinado no sólo por los recursos con los que cuenten las entidades, sino por el grado de delegación de funciones que establezca el INE en cuestiones como capacitación y organización electoral, fiscalización, destacándose la organización de elecciones concurrentes como obligación establecida en la normativa. Todo ello dependerá, dijo, de la adecuación que se realice a los 22 reglamentos con los que contaba el Instituto Federal Electoral (IFE), y que en el tránsito a INE pudiera traducirse en la adecuación y aumento de los mismos.
Además aseveró que “es una reforma carísima”, enfatizando que potenciará el gasto electoral y la necesaria renovación de ciertas estructuras, como la correspondiente al monitoreo de medios, donde se requiere tan sólo para el nuevo software una inversión de entre mil y dos mil millones de pesos. Así como las nuevas atribuciones que significan nuevas estructuras y por ende recursos extra, el nuevo sistema de financiamiento de los partidos, que para el caso electoral significará tres veces el gasto ordinario.
Puso especial atención en lo concerniente a las facultades que pudieran ser delegadas del INE a los estados, como lo es la fiscalización, y comentó que de no llevarse a cabo dicha delegación, el organismo central tendría que pasar de revisar tres mil informes de campaña a 40 mil.
Algo que consideró altamente preocupante fue el prorrateo o monitoreo en el que se determinará el tiempo al que accedieron los candidatos en campaña, y advirtió que seguramente generará problemas, ya que si un candidato determinado participa en un evento público como figura visible, le será descontado de sus recursos y tope de gastos, lo que pudiera representar importantes problemas para candidatos a puestos menores.
Asimismo, criticó que el proceso elección de los consejeros locales no se haya dado de la misma manera que para el Consejo General, y no descartó que los partidos políticos vayan a buscar incidir en las decisiones.
Habló también sobre la dependencia que tendrán los organismos locales del presupuesto estatal y su relación con los gobernadores, razón por la que convocó a los integrantes de dichas instituciones y a los expertos a participar en la generación de la normativa local y pugnar por el establecimiento una autonomía presupuestal.
El coordinador del área de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM subrayó: “Los legisladores no se dieron cuenta de lo que aprobaron”, y recordó que en algunos estados se estableció la cláusula de subrepresentación que afecta al partido mayoritario y los minoritarios, “beneficiando al segundo y tercer lugar, generando que existan más partidos nacionales con menos representación”.
