- Hasta marzo 31 la Secretaría de Fiscalización no había concretado decenas de sanciones
- Programa de evaluación al ejercicio fiscal de 2011 fue emitido con 71 días de retraso
Las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que hasta el pasado 31 de marzo permanecían “sin resolución definitiva” se cuentan por decenas en Aguascalientes, según señala la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) en el último reporte entregado a la Cámara de Diputados.
El auditor superior solicitó a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas el arranque de diversas investigaciones, producto de las anomalías detectadas en la cuenta pública de 2011, la primera ejecutada por la administración estatal en turno.
Una de las irregularidades tuvo lugar en Congreso del Estado, donde se realizaran dos obras de remodelación con costo de doce millones 700 mil pesos obtenidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
El personal del Legislativo nunca añadió al expediente la documentación que comprobara el gasto. En el transcurso de la auditoría federal reintegró aquella cifra a la cuenta bancaria del fondo, además de 321 mil pesos por concepto de intereses.
El deslinde de responsabilidades fue ordenado desde 2012 y, hasta el pasado 31 de marzo, no había resultados.
Aunque no ofrece cantidades económicas, la acción foliada con 11-B-01000-02-0544-08-009 sí señala que la remodelación del edificio de la Policía Ministerial fue adjudicada de manera directa, y no por licitación, a Evv Construcciones S.A. de C.V.
“No se justificó la excepción a la licitación, además no se contó con las cotizaciones previas, y no se garantizó para el estado las mejores condiciones económicas en donde se motiven los criterios de economía, transparencia, honradez, eficacia y eficiencia”, determinó la ASF luego de revisar la cuenta pública de 2011.
Además descubrió que antes de entregar la obra el proveedor gozó de una prórroga de 30 por ciento, cuando el porcentaje legal fija su tope en el 15.
La Secretaría de Fiscalización -en ese entonces a cargo de Salvador Farías, hoy titular de Bienestar y Desarrollo Social- fue convocada a investigar. Hasta el 31 de marzo no había ejercido las ordenadas responsabilidades administrativas sancionatorias.
Olda Construcciones S.A. de C.V. fue contratada en 2011 para realizar el “Laboratorio de ADN mitocondrial” adscrito a Servicios Periciales. Luego de una licitación pública declarada desierta por “insuficiencia presupuestal”, la Procuraduría de Justicia otorgó esta obra de manera directa.
La ASF expuso que “se comprobó que los pagos efectuados por este concepto están soportados con las facturas y estimaciones respectivas, se presentó la fianza de vicios ocultos; sin embargo, no se ha elaborado el acta de entrega recepción de la obra”.
Las pesquisas tampoco habían surtido efecto en este caso.
Entre las omisiones sin sanción también está, precisamente, el retraso de 71 días en el envío del programa de evaluación del ejercicio fiscal de 2011 al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pie de foto: Licitaciones directas, prórrogas de entrega de obra e irregularidades documentales permanecían sin sanción desde 2011
